El juez de Instrucción número 16 de Sevilla ha dejado en libertad con cargos a ocho de las nuevas personas detenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Delegación Especial de Andalucía de la AEAT, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al fraude masivo del IVA de hidrocarburos, que superaría los once millones desde 2014.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que los nueve detenidos han comparecido en la mañana de este miércoles ante el juez instructor, Juan Gutiérrez Casillas, que ha dejado en libertad con cargos a ocho de los nueve investigados en la operación 'Reata' y que únicamente ha ordenado el ingreso en prisión provisional de una mujer de nacionalidad húngara.

El magistrado, que les atribuye un presunto delito fiscal y otro de blanqueo de capitales, ha dictado asimismo una orden internacional de detención contra un ciudadano indio que sería el presunto 'cabecilla' de la organización a juicio del propio juez y también de la Fiscalía. La mujer de este ciudadano indio se encuentra entre los detenidos que han quedado en libertad con cargos.

Varios de los detenidos se han acogido a su derecho constitucional a no declarar, mientras que los que han sí han declarado, en líneas generales, han negado los hechos que se les imputan, tal y como han indicado las mismas fuentes consultadas por Europa Press, que han añadido que la causa permanece bajo secreto de sumario.

En un comunicado de prensa, la Guardia Civil ya informó de que todas las actuaciones se desarrollaron en localidades de la provincia de Sevilla, aunque la organización criminal comercializaba supuestamente el producto con gasolineras repartidas por todo el territorio nacional.

Asimismo, apuntó que se practicaron registros en nueve inmuebles mediante equipos conjuntos de actuación dentro de la operación denominada 'Reata'.

Las investigaciones se iniciaron en el año 2015 a través de la Fiscalía de Sevilla y en el desarrollo de las mismas se habrían constado "varias estructuras criminales organizadas" dedicadas a defraudar el IVA de importantes cantidades de hidrocarburos, estimándose en un total de 75 millones de litros, superando el fraude los once millones de euros desde el año 2014.

"DISTORSIÓN DEL MERCADO"

Esta práctica fraudulenta permitía que la organización pudiera colocar todo el producto que adquiría, en virtud del margen en el precio final que le proporcionaba la propia conducta delictiva. Esta "práctica ilícita" provoca "una distorsión del mercado incurriendo en una competencia desleal", apuntó la Guardia Civil.

Por otro lado, la organización criminal tendría capacidad de realizar procesos de blanqueo de capitales, habiéndose detectado "el lavado de activos de estas estructuras ilícitas en cuantías millonarias". Los canales de blanqueo se conformarían a través de una arquitectura societaria paralela a la que ejecuta el fraude.

La organización criminal comercializaba el producto con gasolineras repartidas por todo el territorio nacional y todas las actuaciones se desarrollaron en localidades de la provincia de Sevilla.