Así lo ha puesto de manifiesto el abogado Jesús Bonet durante la exposición de su informe en la última jornada del juicio del caso Nóos, que este miércoles llega a su fin después de seis meses durante los cuales ha centrado el foco de atención el presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos desde el entramado urdido por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres en torno a Nóos.

En su intervención, el letrado ha reclamado la absolución de su patrocinado, para quien los socialistas del Ayuntamiento de Valencia reclaman once años de cárcel, y ha negado cualquier tipo de ilicitud en relación con los Summit.

En cualquier caso, Bonet ha negado que Grau, quien estaba al frente de una de las entidades que suscribió los convenios con Nóos -la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB)- haya dado "instrucción u orden" dirigidas a beneficiar al Instituto Nóos.

Cabe recordar que el juez José Castro, en el auto con el que abrió juicio oral del caso Nóos, excluyó a Grau de entre los acusados, al alegar que la fundación que presidía el encausado "había venido funcionando, siempre, como entidad privada, sin oposición de ninguno de los grupos municipales", y que la iniciativa de la gestión de los Valencia Summit la ostentó la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa).

La Audiencia Provincial de Baleares acordó, en cambio, enviar a juicio al exvicealcalde tras estimar el recurso de apelación que interpusieron los concejales socialistas contra el anterior auto. El tribunal señalaba que el hecho de que materialmente la FTVCB como otras entidades similares funcionaran como entidad privada y que así lo haya manifestado a su vez el Tribunal de Cuentas, "no otorga carta de naturaleza a que las contrataciones realizadas sin sometimiento a las normas de contratación de la Administración estuvieran bien realizadas, ni que suponga una causa de exculpación".

Es más, la Sala apuntaba a Grau como el "impulsor de la concertación" entre la FTVCB y Cacsa -entidades que rubricaron los acuerdos-, y "participó en la misma tanto de modo activo como por omisión, pese a ostentar una posición de garante de los fondos públicos que manejaba la FVCB".

Tras la intervención de Bonet será el turno de las defensas de Salvador Trinxet y de la Infanta Cristina, después de que el resto de abogados ya hayan expuesto sus informes.

Será al término del trámite de informes cuando la presidenta preguntará a los acusados "si tienen algo que manifestar al tribunal", de acuerdo a lo establecido en el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). "Al que contestare afirmativamente, le será concedida la palabra", señala el precepto.