Así lo han asegurado desde el Consistorio en un comunicado, en el que se precisa que, concretamente, dicho juzgado requirió al Ayuntamiento el pasado 24 de febrero "para que indique la identidad de las personas responsables de la resolución de los expedientes municipales incoados por las denuncias presentadas entre 2010 y 2014 relacionadas con los chiringuitos".

Asimismo, se insta al Consistorio para que informe del motivo por el cuál no se han incoado expediente sancionador, "a pesar de existir informes de mediciones acústicas en las que se superaban el nivel legalmente autorizado".

Según han especificado, el órgano judicial solicita, además, el motivo por el que no se ha efectuado ninguna actividad de seguimiento de los expedientes archivados, "a pesar de las constantes denuncias recibidas". Por último, el juzgado de instrucción pide al Ayuntamiento que aclare la razón por la que "no se ha abierto expediente alguno por ejercer en los establecimientos denunciados actividades no contempladas en el pliego de cláusulas de adjudicación".

Desde el Consistorio han manifestado que este lunes, el mismo juzgado de instrucción le ha requerido para que le "facilite los expedientes de licencias de aperturas de algunos de los establecimientos afectados y los procedimientos sancionadores".

Las diligencias previas que se siguen el Juzgado de Instrucción número 2 fueron abiertas, han explicado, como consecuencia de una petición de la Fiscalía de Málaga realizada en septiembre de 2015, en la que se hacía constar que desde el año 2010 distintos ciudadanos y el propio Seprona habían interpuesto denuncias en el Ayuntamiento con motivo del "desarrollo de actividades molestas por parte de chiringuitos de las playas de Torremolinos (música y servicios de copas hasta altas horas de la noche), actividades que no estarían amparadas por las licencias administrativas concedidas como restaurante o kiosco de playa".

La Fiscalía consideró en ese momento que los hechos podrían ser constitutivos de "delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal del que responderían en concepto de autor los responsables municipales que resulten de las diligencias que se interesen".

El ministerio fiscal señalaba que de las denuncias presentadas ante el Ayuntamiento, solo se tramitaron aquellas que fueron dirigidas al Departamento de Medio Ambiente del Consistorio. Igualmente, indicaba que los expedientes en todos los casos "han terminado con una resolución de archivo, a pesar de constar que las actividades molestas y no autorizadas han continuado produciéndose".

Asimismo, se apuntaba que se ignoraba "que en los establecimientos se desarrollan actividades (música y de consumo de bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche, funcionando como auténticas discotecas o bares de copas), no autorizadas por el pliego de cláusulas de adjudicación (como restaurantes o kiosco de playas)".

Por último, Fiscalía manifestaba que cuando se ha comprobado el nivel de ruido superior al legalmente permitido "no se ha incoado expediente sancionador y aunque se han precintado los equipos de sonidos, han sido desprecintados a solicitud de los interesados para instalar limitadores, archivándose posteriormente los expedientes tras comprobar que las nuevas mediciones son correctas, sin actividad de seguimiento alguna a pesar de las constantes denuncias recibidas".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Ante estas actuaciones judiciales, desde el equipo de gobierno local han manifestado, a través del comunicado, "el respeto más absoluto hacia las diligencias previas tramitadas, así como su compromiso con el cumplimiento de la legalidad".

Así, han considerado "necesario proponer al Pleno para su aprobación, con invitación al resto de fuerzas políticas, la creación de una Comisión de Investigación que aclare las responsabilidades políticas y administrativas en las que se pudieran haber incurrido durante el periodo 2010-2014, y que están siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 2".

Del mismo modo, a la luz de la denuncia de las diligencias penales tramitadas, se considera necesario "proceder a la reestructuración de las áreas municipales con competencia en esta materia por considerar que no han funcionado correctamente, por lo que se pondrá en marcha una Unidad Específica Disciplinaria y Sancionadora, que centralice todos los expedientes administrativos relacionados con estos asuntos".