CHA alerta de que "las patadas para adelante no son solución" tras la sentencia del bus

  • El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de
Foto Carmelo
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EUROPA PRESS/REMITIDO
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Zaragoza, Carmelo Asensio, ha alertado de que "las

paratas para adelante no son la solución" tras la sentencia del

Tribunal Superior de

Justicia de Aragón (TSJA) que ordena repetir el concurso del servicio de transporte urbano de autobús que fue adjudicado a TUZSA -hoy AUZSA- en el año 2013.

Sobre la posible presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ha apuntado que "este Ayuntamiento ya tiene experiencia muy extensa en recurrir fallos que le son contrarios" y ha añadido que "creemos que es muy difícil que prospere el recurso, ya sea por el Ayuntamiento o por la empresa. Y las responsabilidades políticas no son descartables", ha advertido.

Asensio ha recordado que "CHA ya alertó en su momento porque los

pliegos eran extraordinariamente restrictivos e impedían concursar en igualdad de condiciones a otras empresas y los requisitos de experiencia en el sector dejaban fuera de la libre concurrencia a otras empresas como la cooperativa de trabajadores".

En rueda de prensa, el portavoz de CHA ha incidido en que el TSJA "nos da la razón" porque "ya dijimos que era discriminatorio sobre la cooperativa de trabajadores" y en 2012 "ya apuntábamos al gobierno que estudiara distintas formas de gestión".

Al respecto, ha detallado que además de la concesión, como en la actualidad, existe la fórmula de la gestión directa por el Ayuntamiento o un modelo de economía mixta que funciona en muchas ciudades y el Gobierno "optó por la concesión que ahora el TSJA anula con suficiente fundamentación".

Según Asensio, "lo que hay que hacer es cumplir las sentencias y volver a repetir el proceso y hacer que los pliegos se ajusten a la ley de contratos del sector público o también existe la teoría Gimeno de patada para adelante o la de Cubero de municipalización pura y dura".

El portavoz de CHA ha dicho que "necesitamos respuestas claras ante una situación que puede derivar en consecuencias muy gravosas. Hay que esperar a los informes jurídicos porque no queremos que nos cueste ni un céntimo a los ciudadanos y queremos que el servicio se preste en las mejores condiciones posibles y con seguridad jurídica para la plantilla de 1.200 empleados".

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