Sarkozy dijo que las pensiones de 'regímenes especiales' de algunos trabajadores deberían estar en línea con los del sector público, menos generosas, y anunció que se estudiarían cambios en los próximos meses.

El sistema social francés es insostenible y debería sustituirse por un 'nuevo contrato social' basado en la ética del trabajo, el mérito e iguales oportunidades, dijo Sarkozy a los periodistas en su primer gran discurso sobre políticas sociales.

'El sistema es financieramente insostenible', dijo. 'Desestimula el trabajo y no asegura la igualdad de oportunidades', dijo.

Añadió que tenía previsto modernizar el sistema de pensiones global durante la primera mitad de 2008.

El presidente, que se reunió con los líderes sindicales el fin de semana, intentó el martes edulcorar la decisión con la promesa de dejar negociar a empresas y sindicatos los detalles básicos.

Pero los líderes sindicales dijeron que los trabajadores serían los más perjudicados y amenazaron con protestas.

'Creo que esto debería animar aún más a la movilización porque, tanto si se trata de salarios como de inseguridad en el empleo, no existe una respuesta adecuada a las expectativas de los trabajadores', dijo el responsable de la CGT Bernard Thibault.

Anteriores esfuerzos para atajar el coste creciente de los regímenes especiales, que permiten a algunos empleados de empresas controladas por el Estado jubilarse a los 50 años, generaron protestas masivas y forzaron a dos gobiernos a dar marcha atrás en los 90.

Los regímenes especiales fueron introducidos a finales de la Segunda Guerra Mundial y estaban destinados a compensar a personas con empleos difíciles o peligrosos, o aquellos vitales para los esfuerzos de reconstrucción de posguerra.

Sarkozy ganó las elecciones presidenciales de mayo prometiendo amplias reformas y un sondeo de BVA mostró el martes que la mayoría de los votantes apoyaban sus políticas económicas, con un respaldo del 69 por ciento en lo que se refiere a la reforma de las pensiones.

Los regímenes especiales de pensiones costarán a Francia 5.000 millones de euros este año y son un objetivo obvio de reforma cuando Francia lucha por cumplir sus compromisos presupuestarios en la Unión Europea.