Estas cifras duplican la cantidad incautada en el curso anterior, cuando estos servicios evitaron el consumo de 5.348,5 kilogramos de productos del mar ilegales y, como tales, sin garantía alguna para la salud.

Según han informado a Europa Press desde la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, la mayor parte de los decomisos responde a la presión que se ejerce sobre el grave problema del marisqueo ilegal, una actividad que compromete la sostenibilidad de los recursos y, con ello, el futuro de un sector profesional del que dependen, solo en la provincia, en torno a 600 familias.

Así, entre los bivalvos intervenidos se encuentran 4.920 kilogramos de coquina, 1.592 de chirla y otros 32 de almeja fina, lo que, en su conjunto, equivale al 54,69 por ciento de toda la producción retenida durante el año. También ha sido elevada la captura ilegal de la pijota, hasta el punto de que se ha evitado que llegue al mercado una partida de 4.860 kilogramos fuera de todo control sanitario. El balance lo completan otros 562 kilogramos de diversas especies.

Éste es el resultado de las actuaciones que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural lleva a cabo de manera conjunta con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica para combatir el furtivismo en la geografía onubense.

Ante esta situación, desde la Consejería, que no deja de incidir en la importancia de la sensibilización social, se hace un llamamiento a la responsabilidad, en la medida en que la captura, transporte y comercialización de pescado y marisco inmaduros o al margen de la línea de trazabilidad pone en riesgo la supervivencia de las especies y atenta, al mismo tiempo, contra la salud pública.

Se trata, no en vano, de una actividad ilegal que está tipificada como una infracción de carácter grave, con una sanción que puede alcanzar hasta los 60.000 euros.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Además de las labores de inspección y control, reforzadas por la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, la Consejería de Agricultura vela por la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los caladeros con medidas como la fijación de tallas mínimas para las especies de interés pesquero, épocas de veda (fijas o estacionales) o la prohibición de captura o tenencia de determinadas especies, así como con la implantación de una tara máxima de explotación o cupo de captura máxima.

También existe una definición y regulación de zonas o de fondos vedados a la actividad pesquera o la declaración de espacios marítimos protegidos.

En esta misma línea, este departamento de la Junta de Andalucía, en el marco del Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las Zonas de Producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz, decreta el cierre preventivo de los caladeros cuando se detecta la presencia de biotoxinas con valores superiores a los establecidos legalmente. El objetivo, la protección de la salud pública y garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros.