El fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Jesús Dolz, ha defendido este viernes en Santander la importancia de que la prueba científica deje de ser pericial y se convierta en documenta.

Dolz ha ofrecido una ponencia dentro del encuentro 'La Policía Científica en el espacio europeo de libertado, seguridad y justicia. El área europea de las ciencias forenses', que se ha celebrado esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La charla del fiscal almeriense se ha centrado en 'La prueba pericial científica ante el Tribunal Supremo' y en ella ha hecho hincapié en la importancia de que los indicios científicos dejen de ser periciales y se conviertan en documentales.

La diferencia esencial es que el primero requiere la presencia del perito en el juicio y en los segundos no hace falta, a no ser que la defensa impugne el informe pericial. De esta manera, si esto se llevara a cabo en todos los ámbitos, el trabajo de los peritos sería más rápido porque tendrían más tiempo para dedicarse a los informes al no tener que asistir a todos los juicios de cada prueba documentada.

Sin embargo, para el fiscal del Tribunal Supremo, "la evolución acaba de comenzar". Así, ha citado la Ley de Enjuiciamiento Criminal para explicar que las únicas pruebas que tienen valor legal como prueba documental son "los informes sobre la naturaleza, la cantidad y la pureza de sustancias estupefacientes cuando conste que se han realizado siguiendo los protocolos científicos aprobados por las correspondientes normas".

Dolz también ha hecho referencia al concepto de libre valoración de la prueba, establecido por el sistema liberal, y ha citado a Alcalá-Zamora, asegurando que la "libre valoración lleva a la dictadura judicial".

Así, el fiscal cree que hay que revisar ese concepto porque la prueba científica cuestiona la libre valoración basada en subjetivismos judiciales. "Un aspecto que hay que evitar porque nos llevan a los prejuicios y, por tanto, a una valoración errónea".

Siguiendo con las pruebas científicas, Dolz ha defendido la necesidad de plantear unos estándares que homologuen los datos que se intercambian entre las policías europeas, ya que el Tratado de Prüm permite la cooperación policial y el intercambio de perfiles de ADN.

Así, para que esta cooperación entre países europeos sea más efectiva, Dolz ha apostado por "la armonización legislativa europea". El Tribunal Supremo español reconoce la validez de estas pruebas intercambiadas "cuando se hayan ejecutado conforme disponen los convenios de aplicación", ha comentado citando a Rosa Ana Morán Martínez, fiscal de la sala coordinadora de Cooperación Internacional.