Para estas dos nuevas competiciones, gracias a la negociación del actual equipo de gobierno con la Volvo Ocean Race, se ha conseguido "una mejora de las condiciones económicas respecto a las ediciones anteriores", así como "de la eficiencia y la transparencia, con la garantía de que las actuaciones estarán sujetas a la ley de contratos del sector público".

Así lo ha destacado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, quien ha manifestado que, entre las mejoras, figura la congelación del canon por derechos de anfitrión, que se mantiene en los 6.500.000 euros por edición, sin ligarlo a actualizaciones del IPC.

En lo que respecta al canon variable, sólo se deberá abonar a Volvo Ocean Race un 30 por ciento de las aportaciones económicas y patrocinios que se obtengan a través de la intermediación de Volvo, en lugar del 35 por ciento de las ediciones anteriores aplicado a todas las aportaciones que se consiguieran, incluidas las gestionadas directamente por SPTCV y sin participación de Volvo. En cualquier caso, ese porcentaje se aplicará a partir de los tres millones de euros en ingresos.

Con las nuevas condiciones, se mantiene el presupuesto mínimo de tres millones para la organización del Race Village, sin incrementarse, y se eliminan las obligaciones de inversión adicional o construcción de nuevas fases de las oficinas centrales y del museo interactivo.

Otra de las mejoras económicas que el actual Consell ha conseguido para las ediciones de 2020 y 2023 es la reducción en un millón de euros del aval que deben otorgar tres de las principales entidades bancarias, que pasa a ser de nueve millones de euros.

La negociación del actual Consell comportará "importantes mejoras" también en cuanto a la gestión del evento, que conllevará "un menor coste, más eficiencia en el uso de los recursos públicos y un mayor control público y transparencia", ha dicho Oltra.

RACE VILLAGE

Asimismo, la gestión directa del Race Village, que antes estaba en manos de la Volvo Ocean Race, lo que conllevará la sujeción de las actuaciones a la ley de contratos del sector público.

El Consell considera conveniente mantener el contrato que designa Alicante como la sede de salida de la Vuelta al Mundo a Vela dada "la importancia y repercusión económica, turística y de retorno de marca para la ciudad en particular y la Comunitat Valenciana en general".

Este evento ha sido declarado como acontecimiento de "excepcional interés público" por las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado, lo que implica la posibilidad de que aquellas empresas privadas que colaboren con el evento se puedan beneficiar de un esquema fiscal favorable que les permita recuperar hasta el 90 por ciento de la aportación económica realizada. Ello supondría, así, la oportunidad de financiar parcial o totalmente el evento, con cargo a colaboraciones de empresas privadas.