En un comunicado, la Benemérita explicó que se está investigando un delito contra la integridad moral al realizar varios actos vejatorios, insultos y

amenazas contra la chica.

Así, el pasado 31 de mayo se presentó una denuncia en dependencias de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria, en la que se narraron una serie de amenazas, insultos y vejaciones a la que se veía sometida la víctima desde hacía unos tres meses por varios jóvenes, algunos alumnos de otro centro de enseñanza de la localidad de Teror, con quienes coincidiría al año siguiente en el I.E.S. de la señalada localidad, detectándose de las conversaciones extraídas de las redes sociales una planificación para ejercer sobre ella actos vejatorios y agresiones.

Dicha denuncia fue transmitida a la Guardia Civil, por acontecer los hechos en su demarcación, realizándose las correspondientes diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, los agentes, en base a la manifestación de la víctima y otras series de datos aportados por la misma y su progenitora, pudieron recopilar los diversos insultos y amenazas a la que se veía sometida aquella, así como la planificación de actos violentos, a través de llamadas telefónicas, de la aplicación telefónica Whatsapp y de la red social Instagram.

IDENTIFICACIÓN DE LOS MENORES

Del mismo modo, a través de la colaboración de los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Teror se pudo identificar a todos los menores implicados en el proceso de bullying, resultando ser la mayoría alumnos de otro centro de enseñanza, uno de ellos no escolarizado, pero del ámbito social de la víctima.

Acto seguido, el Cuerpo identificó a cuatro menores por estos hechos, pero en base a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, sólo uno de ellos -con 16 años de edad- presenta responsabilidad penal, siendo investigado el pasado día 10 por un delito contra la integridad moral.

Mientras, los tres menores restantes, al presentar edades inferiores a los 14 años, no tienen responsabilidad penal alguna, pero en base al artículo 61 de la citada Ley Orgánica y los artículos 1902 y 1903 del Código Civil si presentan responsabilidad civil, en este caso responderían de ella sus padres, tutores o guardadores legales.

Finalmente, las diligencias originadas por la investigación, junto a la identificación de todos los menores, han quedado a disposición de la correspondiente Fiscalía de Menores de Las Palmas de Gran Canaria.