La titular de la céntrica inmobiliaria y su trabajador han reconocido, durante el juicio que ha quedado hoy visto para sentencia en la Audiencia de Valladolid, que el 16 de enero de 2015 los clientes ingresaron 3.000 euros de señal por la reserva de una vivienda sita en la calle Molino de Simancas que, como así insisten, tan sólo incluía los muebles de la cocina y de los dos baños.

La propietaria de la mercantil, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que ni siquiera participó en la negociación, que llevó directamente su empleado, y que ella trató de mediar cuando los clientes se echaron atrás con la "excusa" de que la vivienda no estaba completamente amueblada, algo que según mantiene era una simple maniobra por cuanto la inmobiliaria se comprometió finalmente a costear el mobiliario y el matrimonio también rechazó la oferta.

La acusada y su empleado, para quienes el fiscal, amén de dos años de prisión, solicita para ellos multas de 4.200 euros, han apuntado además que finalmente los clientes recibieron el dinero en octubre de 2015 y que éstos renunciaron expresamente a ejercitar acciones por la vía civil y penal. "Lo único que he ganado con esta operación son dolores de cabeza y verme hoy aquí en el banquillo", ha lamentado pesaroso el trabajador de la inmobiliaria, F.J.P.L.

TOTALMENTE AMUEBLADO, HASTA CON CORTINAS

En el lado opuesto, el matrimonio compuesto por María Pilar G. y Gustavo R.G, porfían en que el trabajador de la inmobiliaria les enseñó el inmueble y les aseguró que se vendía totalmente amueblado.

"Estaba para entrar a vivir, hasta con cortinas y una bicicleta", recuerda el marido, quien añade que tras el ingreso de los 3.000 euros de señal fueron advertidos de que "las condiciones habían cambiado y se vendía vacío", mientras que la esposa añade que al reclamar la devolución de la señal el vendedor "se puso borde" con ella, la faltó al respeto y le respondió que ese dinero eran sus honorarios.

La pareja lamenta que tras reclamar en enero de 2015 la señal la inmobiliaria no ha atendido su petición hasta casi un año después. "Nos ofrecieron pagarnos mil euros para amueblar el piso, pero ya era tarde porque nos sentimos engañados", ha denunciado Gustavo R.G.

"UNA LIANTA DE LAS GRANDES"

El propietario de la vivienda, José Luis V.G, ha asegurado por su parte que encomendó a la inmobiliaria la tarea de venderla sin muebles y ha arremetido contra la titular de la mercantil, de la que ha llegado a asegurar que es "una lianta de las grandes".

El fiscal del caso entiende que los 'inquilinos' del banquillo cometieron un delito de apropiación porque estaban obligados a devolver la señal, puesto que los clientes tienen derecho al desestimiento durante un plazo de 14 días, a lo que suma el "empecinamiento" de los acusados en no devolver el dinero, cosa que no hicieron hasta que el procedimiento ya estaba en marcha en vía penal.

La defensa por su parte, quien entiende que el caso habría de haberse dirimido en vía civil, ha solicitado un fallo absolutorio y subsidiariamente, en caso de condena, ha pedido a la sala que aplique la atenuante de reparación del daño.

El defensor recuerda que entre las partes había un contrato de reserva y que éste, en sus cláusulas, especificaba que el cliente perdía la señal en caso de desistir de la operación, algo que sin embargo, según el fiscal, no tiene validez en este caso debido a que el matrimonio no llegó a estampar su firma en el documento.