La Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria en el juicio Nóos, ha atribuido a Iñaki Urdangarin un doble engaño en la facturación de servicios personales a través de la empresa Aizoon para defraudar a Hacienda 326.925 euros. Así lo ha explicado la letrada Dolores Ripoll durante la presentación en el juicio de su informe final.

Ripoll ha señalado que Urdangarin "engaña en la descripción de los servicios facturados" para deducirse a través de Aizoon un trabajo de participación en consejos de administración que realmente era una prestación personal y "engañó en la identidad del sujeto emisor de las facturas", que debió ser él a título individual.

Para la acusadora pública, el exduque de Palma y su socio crearon un entramado empresarial que no respondía a una especialización de servicios y funciones.

"La apariencia, tanto interna como externa, es de confusión total. No hay diferencia clara entre empresas", ha insistido la letrada, que ha agregado que los socios actuaban "como si los fondos de las sociedades fueran suyos", pues los usaban para gastos personales y se los repartían de forma equitativa.

Ha detallado que las mercantiles del llamado conglomerado Nóos se cruzaron entre si 425 facturas entre 2004 y 2008, por más de 8 millones de euros. "Nóos es Diego Torres e Iñaki Urdangarin", ha reafirmado Ripoll, que ha recordado que los incrementos patrimoniales de ambos, constatados por peritos de Hacienda, coinciden de forma ajustada con los beneficios canalizados a su entramado desde Nóos y el fraude fiscal que se les atribuye.

La abogada del Estado, que ha desacreditado las conclusiones del perito en materia fiscal que declaró a propuesta de Torres, ha cifrado en 380.772 euros la cuota defraudada por el socio de Urdangarin en el IRPF de 2007. Ha recordado además que, junto con su esposa, Ana María Tejeiro, fue titular de cuentas en Andorra y Luxemburgo que probarían su intención de ocultar su patrimonio a Hacienda.

Ha detallado que Federico Rubio, señalado como asesor fiscal de la Casa Real, contó que hizo la declaración de Urdangarin hasta 2001 y negó haber visto o revisado las declaraciones posteriores del marido de la infanta, las de Torres o las de sus sociedades.

"Cualquier fraude tributario supone un grave atentado contra los principios constitucionales que imponen la real y leal contribución al sostenimiento de los gastos públicos", ha dicho Ripoll citando una sentencia del Tribunal Supremo de 2005.

Ha recalcado que los delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por Urdangarin y Torres son una "inadmisible vulneración de los principios de solidaridad tributaria" y del artículo 31 de la Constitución que establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos con acuerdo a su capacidad económica.

La Abogacía del Estado considera a la infanta Cristina y a Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, partícipes a título lucrativo de los delitos fiscales de sus maridos.