En declaraciones a Europa Press, De Ramón ha recordado que ya denunció la situación ante la Comisaría de Agricultura, la Comisaría de Sanidad de la Unión Europea y la Agencia Europea del Medio Ambiente, que ya tenía abierto un expediente a este respecto en base a un informe de Greenpeace de 2008 que apuntaba a la existencia de metales pesados en el fondo de la dársena.

En concreto, De Ramón ha criticado que el agua y el lodo del lecho marino cuentan con cantidades "que superan el 30 por ciento de mercurio, al tiempo que posee otras sustancias como cadmio, plomo y arsénico". El cajón de captación está situado, según denuncia, "dentro de la dársena y a ras de suelo, tomando agua potencialmente contaminada".

La empresa constructora de la desaladora alegó que ya hizo mediciones, pero De Ramón critica que las muestras se tomaron "de aguas superficiales y a manos de empresas privadas". En cambio, el abogado defiende que la medición debió de ser supervisada por un funcionario público para velar por el correcto cumplimiento del protocolo".

"Dicen que la inspección la hizo una empresa privada, pero tiene que estar presente un funcionario público delante para asegurar la supervisión y la custodia de las muestras, entre otras cosas", añade el abogado.

"ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD Y EL ESTADO"

Por otro lado, De Ramón se ha preguntado por qué la Comunidad Autónoma no alcanzó un acuerdo político con el Gobierno central para el abastecimiento de agua desalada de las plantas de Valdelentisco, San Pedro del Pinatar, Águilas o Torrevieja, con lo que se habría evitado la construcción de la desaladora de Escombreras.

"Alegan que se trató de una infraestructura privada, pero había cuatro plantas públicas en el entorno", destaca De Ramón, quien lamenta que "no había necesidad de crear la desaladora de Escombreras.

La planta se construyó, recuerda, gracias a la financiación de cien millones de euros de un banco, pero "luego la Comunidad firmó obligaciones en el contrato". Ahora, lamenta que ACS reclama al Gobierno regional el pago de 600 millones de euros por la infraestructura.

QUERELLA ORIGINAL

Según ha podido conocer Europa Press, la denuncia originaria partió del abogado murciano Diego de Ramón, quien avanzó en declaraciones a esta agencia de noticias que la planta absorbía el agua que va a ser desalinizada de una zona como la dársena en la que hay "toda clase de metales pesados", todo ello "ignorándose la depuración".

Por este motivo el abogado amplió su querella hace cuatro meses basándose en los informes del año 2008 de Greenpeace sobre el fondo submarino del Valle de Escombreras que señalan la existencia de metales pesados. Además, recordaba que las Naciones Unidas habían llegado a señalar a Cartagena como "punto de contaminación", y la Agencia Europea de Medio Ambiente considera que la bahía de Cartagena y el Valle de Escombreras son "puntos de alarma" por este motivo.

En este sentido, remarcó que el 29 por ciento de mercurio que se vierte al Mar Mediterráneo se hace desde este lugar de Cartagena. Además, lamentó que se vierten próximo a un espacio protegido de la Red Natura 2000, "como es la franja del litoral sumergida en la Región de Murcia, un lugar de importancia comunitaria por sus valores marinos".

Los niveles de contaminación y la toxicidad de los vertidos en Cartagena, según De Ramón, "no solo afectan al Medio Ambiente; pues según los estudios epidemiológicos realizados a escala nacional, los cánceres de pleura, hematológicos (mioloma), laringe y pulmón, en Cartagena, son superiores a la media española".

A la vista de ello, el abogado murciano solicitaba estudios y análisis en cualquier parte del fondo submarino del Valle de Escombreras, y apuntaba como responsables a los "gestores políticos que crearon la desaladora con su colaboración y aporte de los presupuestos regionales".

En concreto, pedía al Servicio de Salud Publica de Cartagena los análisis que hace a la Desaladora de Escombreras, y que los datos fueran comprobados por la Policía Judicial, la Guardia Civil del Mar y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los registros realizados en las sociedades creadas en torno a la desaladora.

De la misma forma, solicitaba una investigación personal del ex consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, y al ex presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, para aclarar "las subvenciones que hicieron a la desaladora y a las sociedades creadas, así como el dinero recibido por los convenios urbanísticos en toda la Región y el IBI repercutido por el terreno recalificado".

Igualmente, solicitaba que se expidiera requerimiento de colaboración de auxilio judicial a la Interpol "para que se examinen a través de la Oficina de Lucha contra el Fraude las posibles ayudas europeas que hayan podido obtener para la construcción de la Desaladora".

"CERDÁ Y ARNALDOS, LOS MÁS SEÑALADOS"

En declaraciones a Europa Press, De Ramón afirmó que el ex consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, y el abogado Andrés Arnaldos, que presuntamente ejerció como secretario de la desaladora de Escombreras y asesoró al entramado societario, son las dos personas "más señaladas" en la investigación, junto con todos los miembros del Ente Público del Agua.

En concreto, lamentó que los denunciados perseguían "dar agua a las recalificaciones urbanísticas" y no para la agricultura, pues para regar "harían falta 43 hectómetros cúbicos, y la Desaladora nunca ha dado ni siquiera la mitad".

En este sentido, desmintió al ex consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, y al ex presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, cuando dijeron que la planta es rentable, pues "nos cuestan 40.000 euros de pérdidas a los murcianos todos los días".