La investigación se inició en enero al sospechar que varios ciudadanos extranjeros, a los que se les había incoado un expediente de expulsión del territorio nacional por infracción a la Ley de Extranjería, habían regularizado su situación en España a través de un contrato de trabajo, todos ellos en una misma empresa.

La policía determinó que varias personas habían contratado los servicios de un conocido letrado de Benidorm para regularizar su situación administrativa en España. Sin embargo, en vez de valerse de los procedimientos reconocidos en derecho, les proponía regularizar su situación a través de una empresa de la localidad y un contrato de trabajo falso, previo pago de 350 euros iniciales y pagos periódicos de 360 euros durante unos seis meses, para sufragar su propia cotización.

Además, los agentes localizaron la empresa e investigaron a los extranjeros que se encontraban dados de alta y se descubrió que dos mujeres que habían estado detenidas con anterioridad por estancia ilegal, habían regularizado su situación mediante la presentación de ese contrato de trabajo.

Paralelamente se comprobó que la pareja de una de ellas, que también había sido detenida en las mismas circunstancias, había regularizado su situación administrativa mediante un contrato de trabajo en una empresa de Calp. Lo que llamó la atención de los agentes fue que esa empresa se encontraba cerrada y sin actividad comercial desde varios meses atrás.

Los agentes verificaron que ninguno de los investigados acudía a su centro de trabajo a cumplir con sus obligaciones y que los dos habían sido asistidos en los trámites policiales por el mismo letrado encartado en la investigación, procediendo a la detención de tres empleados por un delito de falsedad documental.

Tras verificar su participación en los hechos y figurar como gestor de las empresas investigadas, los agentes procedieron a la detención del abogado y al registro de su despacho profesional e intervinieron multitud de documentos, lo que llevó a la detención también de los dos empresarios.

A todos ellos se les imputa un delito de falsedad documental, favorecimiento a la inmigración irregular y fraude a la Seguridad Social.

En una segunda fase de la investigación, los agentes averiguaron que

trece personas más habían utilizado a la misma mercantil para regularizar su situación administrativa y al igual que los primeros investigados nunca ejercieron su actividad profesional.

Paralelamente se comprobó que diez de ellos habían solicitado una prestación por desempleo, alcanzando el valor de los subsidios más de

49.000 euros, siendo detenidos por fraude a la seguridad social y los otros tres por falsedad documental.

"ESTUDIADO MODUS OPERANDI"

Para asegurarse la obtención de la tarjeta de extranjero por arraigo social, presentaban los contratos de trabajo con una duración mínima de 12 meses, sin embargo solo estaban dados de alta seis meses en la Seguridad Social, ya que junto con un nuevo contrato de trabajo reunían los requisitos mínimos para garantizar la segunda renovación de la tarjeta de residencia.

La investigación, que aún continúa abierta, fue llevada a cabo por el Grupo Operativo de Extranjeros de la Comisaría de Benidorm en colaboración con el juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm, la Oficina de Extranjeros de Altea, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante.