Los regantes solicitan la modificación de este plan, para lo que han presentado una serie de alegaciones, para dar cabida a unos terrenos tradicionalmente agrícolas, un 30 por ciento de la superficie regable, que cada año generan "más de 30.000 empleos", así como crear una mesa de trabajo en la que estén todos presentes.

Al respecto, el presidente de la plataforma, Cristóbal Picón, le ha trasladado a Díaz que los agricultores se sienten "desprotegidos e indefensos" porque, según ha insistido, "la situación va en contra y el plan está mal hecho y mira más hacia los ecologistas que hacia los agricultores", a lo que ha añadido que aprobaron este plan porque contenía unas condiciones que "no se cumplen, ya que dijimos sí a un plan que finalmente reduce las hectáreas hasta más de 7.000 porque hay que aplicar la Ley Forestal de 1992".

Cristóbal ha reconocido que la Junta de Andalucía ha respondido unas 30 alegaciones de forma favorable para unas fincas que se enmarcan en la Cuenca del Guadiana que tienen concesiones, pero "las del Guadalquivir ninguna".

Al respecto, Díaz ha insistido en que no va hacer "nada ilegal" pero se ha comprometido a hacer "lo que esté en su mano con un informe favorable de los servicios jurídicos" porque lo que quiere, ha insistido, es "lo mejor para cuantas más familias mejor".