Así consta en la resolución de la junta, a la que se acompaña la queja presentada por el PP ante la celebración de este acto con sindicatos en el Palau de la Generalitat celebrado en la tarde del 9 de junio.

Los 'populares' destacaban en su escrito que "aunque se considerara una actividad normal de la administración no precisa de un acto protocolario, de marcado carácter político, ni de la posterior rueda de prensa a la que están convocados los medios de comunicación, pues supone una campaña de logros" prohibida por la Ley Electoral.

Así, pedían la prohibición del acto "por innecesario y tendente a ensalzar la firma como un logro obtenido por las autoridades que intervienen en el mismo, que pertenecen a un partido político que concurre a las elecciones" y también de la rueda de prensa posterior "porque contendrá alusiones a las realizaciones o logros obtenidos por las autoridades intervinientes, en particular por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig".

Presidencia recibió la comunicación de la Junta cuando el acto ya se había producido y presentó alegaciones, en las que ponía de manifiesto que esta es una actuación "ordinaria y no forma parte de un acto de campaña", al tiempo que "no cabe duda alguna sobre la inexistencia de intencionalidad electoral" del acto.

En las alegaciones, la Generalitat recalca que el presidente Puig no es candidato electoral, que estas son unas elecciones autonómicas y que el contenido del acto no supone aludir a logros de las instituciones.

"Una vez vistas las alegaciones y las notas de prensa posteriores donde aparecen unas manifestaciones realizadas por el presidente de la Generalitat, que pudieran vulnerar lo dispuesto en el artículo 50.2 de la LOREG, la Junta acordó abrir expediente informativo, nombrando instructor y dando traslado a las partes para que en el plazo de 15 días formulen alegaciones".