Los delitos se reducen en Vizcaya, pero suben en Álava y Guipúzcoa

Vizcaya es la quinta provincia del Estado donde más bajaron el año pasado: un 3,87%. Son 59,7 delitos por cada 1.000 habitantes.
Vizcaya fue el año pasado el único territorio de Euskadi en el que la delincuencia se redujo. Más aún, ocupa el quinto puesto entre las provincias españolas donde más bajaron los delitos: un 3,87% , según los datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado, presentados ayer.

Se pasó así de los 62,35 delitos por cada 1.000 habitantes  cometidos en 2005, a los 59,73 del año pasado. Vizcaya fue, así, una de las 13 provincias del Estado en las que se redujo la delincuencia.

Todo lo contrario que Álava y Guipúzcoa, donde el año pasado aumentaron las diligencias judiciales en un 1,37% y en un 9,43%, respectivamente. Ello sirvió para que en Euskadi el número de delitos se mantuviera, el año pasado, en niveles muy similares a los del ejercicio anterior: 55,73 delitos por cada 1.000 habitantes –20 décimas menos que el año anterior–.

En el conjunto de España, la cifra de delitos sigue subiendo. El año pasado aumentó un 4,12%. A la cabeza del incremento están A Coruña (32,68%), Guadalajara (21,27%) y Toledo (21,29). Por el contrario, en Albacete, Ávila y Palencia los delitos bajaron por encima del 10%.

La mitad de todas las infracciones son robos y hurtos. La Fiscalía, además, mostró ayer su «preocupación» por los robos con violencia, sobre todo por los cometidos en Alicante, Barcelona, Valencia y Madrid.

Contra la libertad sexual se dieron casi 10.000 delitos y el 80% fueron agresiones y abuso sexual. Se investigaron 948 homicidios y 104 asesinatos frente a los 1.294 y 131 de 2005, respectivamente.

Violencia dentro de casa

El número de casos de violencia doméstica en los juzgados de España se incrementó hasta un 30,4% respecto a 2005. En concreto, en 2006 se registraron 95.816 procedimientos penales por casos de violencia contra la mujer, mientras que el año pasado habían sido 73.469. Este incremento está relacionado con la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Muchas fiscalías, en sus memorias, ponen de manifiesto el notable incremento de mujeres que se acogen al derecho de no declarar contra su cónyuge, lo que desemboca en numerosas sentencias absolutorias. Por ello, reclaman que se cambie la ley y se obligue a las mujeres a declarar.

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