Esta demanda se produce tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en la que se ratifica la anulación de la citada convocatoria, con lo que ha dado la razón al Gobierno por considerar que dicha prueba había caducado.

En concreto, según un comunicado del sindicato recogido por Europa Press, cada una de las 20.127 personas que fueron admitidas para poder realizar dicha prueba tuvieron que abonar antes del 29 de mayo de 2015 en concepto de tasas de admisión 25,65 euros, por lo que la Junta tiene en su poder 516.257,55 euros por una actuación que no ha servido para el objetivo perseguido.

"Por lo tanto, desde CCOO entendemos que lo mínimo que podía hacer la Consejería es devolver las tasas a todas estas personas", ha señalado el sindicato, que ha calificado de "palo" la sentencia, ya que el esfuerzo preparatorio de los afectados "no ha servido para nada", así que al menos que se reembolse el dinero.

Además, la Federación de Sanidad de Comisiones ha recriminado al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, este proceder "tan torticero".

"Ellos siempre intentan sacar rédito político a este tipo de acciones. Jugaron con los tiempos para hacerlo coincidir con las elecciones, de cara a sacarle una rentabilidad, sin tener en cuenta lo que finalmente les ha pasado. Una vez más han jugado con la necesidad de la gente de una manera indecente, y lo que es más grave, les importa bien poco las consecuencias de sus actuaciones", han añadido.