Las defensas de los dos principales acusados en el caso Nóos, Diego Torres e Iñaki Urdangarin, así como la defensa de la infanta Cristina de Borbón han pedido en sus conclusiones finales durante el juicio la libre absolución de sus clientes de todos los cargos.

El abogado de la hermana del rey, además, ha recordado que su defendida ha pagado ya "la totalidad de la responsabilidad civil" que pedían las acusaciones, 587.413 euros. Y ha pedido la condena en costas para Manos Limpias, la única parte que acusa a la infanta, por "mala fe procesal"; demanda "que se restablezca la justicia para Cristina de Borbón" y se imponga al sindicato una sanción.

El letrado ha mostrado "rotundo desacuerdo" con las conclusiones de la acusación popular, que reclama ocho años de cárcel para la exduquesa como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. Ha criticado así el mantenimiento "obsesivo" de la acusación, aunque "de modo evidente la prueba del juicio oral haya desacreditado por completo la versión de este sindicato".

Multa "impuesta en otros procedimientos"

Pau Molins reclama que, de acuerdo al artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se le imponga a Manos Limpias una sanción económica "prevista para los casos de abuso de derecho y que ya le ha sido impuesta en otros procedimientos".

Ha citado una sentencia del Tribunal Supremo del 7 de mayo de 2015, donde "se acusó a Manos Limpias de trivializar la capacidad de ejercer acciones penal y canalizar por esta vía situaciones absolutamente ajenas a la Justicia".

"La misma situación que lamentablemente nos ha tocado vivir en el presente caso", ha concluido Molins, que ha hecho su alegato contra Manos Limpias en ausencia de su abogada en el proceso, Virginia López Negrete, que no ha asistido a la vista. La sanción, de decretarse, podría oscilar entre los 180 euros y los 6.000 euros, según La Ser.

En declaraciones a los medios de comunicación presentes en la sede de la EBAP,  el letrado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, no ha querido desvelar los argumentos principales en los que basa la petición de absolución, pero ha resaltado que considera que "no se ha cometido ningún delito". Preguntado por cómo se encuentra Urdangarin, ha dicho que "bien, esencialmente".

Matas solicita 7 meses a sustituir por multa

Por su parte, el expresidente balear Jaume Matas ha admitido, ha través de su abogado, que cometió dos delitos de malversación y fraude a la administración al ordenar contratar a Urdangarin y su Instituto Nóos y ha solicitado por ello una condena de 7 meses y medio de cárcel sustituible por una multa de 45.000 euros.

El letrado, José Zaforteza, ha señalado que su defendido asume que dio la orden de contratar a Nóos, pero que no tuvo relación con los pagos que le hizo la administración balear.

Tras asistir al juicio tanto el pasado viernes como este martes, el tribunal permitirá que los acusados renuncien a estar presentes en la sala para la presentación de los informes que comenzará a continuación, pero deberán regresar para el trámite en el que el tribunal les concederá uno por uno la última palabra, previsiblemente a finales de mes, pero sin fecha fija por el momento.

El juicio quedará visto para sentencia en una fecha que dependerá del tiempo que se prolonguen los informes, pero que en cualquier caso será antes del 30 de junio.

Corrección del Ministerio Fiscal

Por otra parte, el fiscal Pedro Horrach ha corregido la pena que solicitó el pasado viernes para la ex consejera delegada de la fundación Madrid 2016, Mercedes Coghen, y la ha incrementado hasta los 5 años y 3 meses por delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con falsedad en documento público y prevaricación.

El fiscal ha planteado la corrección de varios errores de cálculo de penas. El "error de cómputo aritmético del delito de malversación de caudales públicos" planteado por Horrach, que se ha responsabilizado del fallo, supone la modificación de las penas de inhabilitación que pide en relación al citado tipo delictivo para varios de los acusados.

Pero la modificación afecta especialmente a Coghen, que ve incrementada la pena de prisión que se solicita para ella después de que el pasado viernes se bajara la petición inicial de 6,5 a 4,5 años de privación de libertad. Tanto la defensa de la ex consejera delegada como las de otros acusados afectados se han opuesto. Finalmente el tribunal ha desestimado esas alegaciones y ha admitido el planteamiento.