El Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo ha decretado apertura de juicio oral en la denominada 'Operación Campeón', en la que se investigó un supuesto fraude en ayudas y subvenciones del Igape -con exaltos cargos de este instituto de crédito dependiente de la Xunta y un exdiputado del PP, entre otros, como acusados- y que tiene como principal implicado al considerado jefe de la trama, el empresario lucense Jorge Dorribo.

Concretamente, el juzgado ha decretado apertura de juicio oral en esta operación, en la que mantiene la acusación formulada por la Fiscalía contra 13 personas, mientras que la acusación particular ejercida por la Xunta acusa a nueve personas y la hecha por la Agencia Tributaria, sólo a una, al considerado jefe de la trama.

Precisamente, para el principal investigado en esta causa, el juez pide una fianza 621.610 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias y, para diez personas encausadas, un total de 3,9 millones de euros que tendrán que repartir entre todos ellos.

Se trata de una resolución firme contra la que no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Ahora los investigados tienen un plazo para presentar sus escritos defensa.

El principal delito que se ha perseguido es el fraude contra la Hacienda Pública, aunque también se han investigado falsedad en documento mercantil, soborno, blanqueo de capitales, delito contable e insolvencia punibles.

INVESTIGADOS Y PETICIONES

El principal investigado es el empresario lucense Jorge Dorribo, a quien la Fiscalía acusa por varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, delito continuado de cohecho, blanqueo de capitales, delito contable y delito de insolvencias punibles. Está acusado de haber diseñado un entramado para cobrar subvenciones públicas.

La Xunta y la Agencia Tributaria también mantienen sus respectivas acusaciones contra Dorribo, entre ellas, por varios delitos contra la Hacienda Pública.

El Ministerio Fiscal también acusa a los exaltos cargos del Igape, Joaquín Varela de Limia y Carlos Silva, que asumieron sus cargos en el instituto de crédito gallego y que fueron apartados de sus funciones en 2011 por el entonces conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra.

La Fiscalía acusa a Carlos Silva, que era subdirector del Igape, de varios supuestos delitos contra la Hacienda Pública, al igual que a Joaquín Varela de Limia, que era director general del instituto de crédito. Además, el Ministerio Público acusa al exdiputado del PP de varios delitos contra la Hacienda Pública y un delito de tráfico de influencias y cohecho.

Sin embargo, la Xunta, de la que depende el Igape, no formula acusación contra los dos exaltos cargos nombrados durante el primer gobierno de Alberto Núñez Feijóo, así como tampoco lo hace contra el exdiputado popular Pablo Cobián, quien dejó su escaño en el Parlamento de Galicia al trascender la investigación.

Por otro lado, también siguen encausados dos socios de Arsenio M.P. y Carlos M.A., así como Marcos I.P., que estaría vinculado con las supuestas facturas falsas, junto con José Manuel E.F., que ayudaría en sus tramitaciones a Dorribo. Además, Javier R.D. -vicepresidente de Proitec, una de las empresas de la trama, junto con Nupel-, Cristina Q.S., Araceli G.G., María Isabel F.P. y María Inmaculada A.T. también se sentarán en el banquillo.