Los afectados, según han informado a Europa Press la concejal de Juntos por Castilleja Teresa Pablo y el portavoz municipal de IU-CA, Tomás Arias, son una pareja y sus tres hijos que habrían ocupado esta vivienda en cuestión al no contar con "alternativa habitacional", tras lo cual la entidad financiera propietaria de la vivienda habría emprendido acciones judiciales en su contra, a la búsqueda del desalojo del piso.

El Juzgado de Instrucción número once de Sevilla ya les había citado para el pasado mes de mayo, pero entonces la vista se habría suspendido por motivos de forma, siendo fijada para este lunes a las 10,00 horas, según una cédula de citación recogida por Europa Press.

Teresa Pablo expone que estas personas sufren una situación socioeconómica desfavorable, pero pese a haber ocupado la vivienda "al no tener alternativas", su intención sería abandonar el inmueble al objeto de no sufrir como tal el desalojo.

Según IU-CA, de otro lado, esta familia espera aún un informe de los trabajadores sociales del Ayuntamiento alixeño, para poder "acceder al alquiler social amparado en el famoso convenio de colaboración con las entidades bancarias que se aprobó en el pleno hace pocos meses".

EXPLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO

Sin embargo, el Consistorio, gobernado por Carmen Herrera (PSOE), expone que esta familia "no reúne los requisitos establecidos para acceder al fondo social de vivienda".

En un comunicado, el Ayuntamiento alixeño ha defendido que lleva "años trabajando desde los servicios sociales para evitar situaciones de vulnerabilidad en las familias, ante situaciones sobrevenidas". Por eso, "cuando se tiene conocimiento de estas situaciones, se contacta con las entidades financieras para estudiar la posibilidad de que se les pueda ofrecer una solución y conseguir un alquiler social con arreglo a sus posibilidades económicas".

Dicho método de actuación, según el Ayuntamiento, se ha seguido también en este caso, "para dar respuesta a la problemática de vivienda que tiene este vecino" que habita junto a su pareja y tres niños una vivienda de Nueva Sevilla sin relación contractual alguna con el inmueble.

SITUACIÓN DE USURPACIÓN

En este caso en cuestión, según el Consistorio alixeño, esta familia "no reúne los requisitos establecidos para acceder al fondo social de vivienda, ya que su situación es la de una usurpación y no la de un deudor hipotecario o la de haber procedido a la dación en pago de su vivienda habitual, ni estar adherida la entidad de crédito al Convenio de Fondo Social de la Vivienda y por tanto no formar parte dicho inmueble del mencionado fondo".

"Por todo ello, no se ha facilitado el informe de los servicios sociales que reclama dicho vecino, ya que dicho informe social ha de ser solicitado por la entidad de crédito al Ayuntamiento, al efecto de valorar si reúne las condiciones para acceder a la vivienda en arrendamiento, previa solicitud de la vivienda por parte del interesado a la entidad de crédito".

En el ámbito judicial, asegura el Ayuntamiento que "en un primer momento se contactó con el juzgado que lleva el procedimiento para la designación de asistencia jurídica gratuita al objeto de la defensa de este vecino y su pareja, contando en la actualidad ambos con sendos letrados de oficio", según los cuales el juicio de faltas señalado para el lunes "ha sido suspendido".

Pero en cualquier caso, alega el Ayuntamiento que para dar solución a este caso, "se recurrió a una fundación con la que se concertó una entrevista el 4 de mayo para que valorara" su situación porque la entidad podía poner a su disposición "dos viviendas", pero "no han acudido a entrevista alguna pese a la insistencia por parte de la mencionada fundación y al seguimiento que se le ha hecho".

"Tanto en este caso, como de todos aquellos que se tiene conocimiento relacionados con problemática de vivienda, se ponen a disposición de los vecinos y vecinas del municipio los recursos de que se disponen a nivel social y jurídico, en base a los compromisos adquiridos por la adhesión del Ayuntamiento al convenio para la Creación del Fondo Social de la Vivienda, así como al convenio de Colaboración para la detección de Supuestos de Vulnerabilidad con ocasión del Lanzamiento de Vivienda Familiar y Medidas de Carácter Social y sobre Cesión de Datos en los Procedimientos de Desahucios y Ejecución hipotecaria", defiende el Ayuntamiento.