Esta empresa, según ha indicado el sindicato a través de un comunicado, es "propiedad de Banesto, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y de varias cámaras de comercio españolas".

Así pues, ha señalado que en el proceso de solicitud del certificado digital, tanto si es nuevo como si es para renovarlo, el usuario es redirigido desde la página web de la Xunta a la de la compañía, donde debe consignar una serie de datos personales "y aceptar las condiciones que impone la empresa".

Al respecto, la CIG ha dejado claro que "no cuestiona la idoneidad" de la tarjeta para acreditar a los empleados, pero ha sostenido que no es "razonable" que la Xunta "obligue" a sus empleados a ceder sus datos a una empresa privada "más allá de lo estrictamente necesario para la propia prestación del servicio de certificación electrónica".

Por todo ello, ha solicitado a la AEPD que "inicie procedimiento sancionador" para "cortar" este procedimiento y que dicte "medidas provisionales" para poner fin a "la utilización y cesión ilícita de los datos".