Así consta en un informe realizado por la Intervención de la Generalitat sobre la Fundación V Encuentro Mundial de las Familia, al que este jueves ha hecho referencia el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la sesión de control del pleno de las Corts. Puig ha criticado que esta fundación convirtió la visita del Papa a Valencia "en un acontecimiento corrupto más, con un coste para las arcas públicas de 22 millones de euros".

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, indica que el contrato para la instalación y limpieza de los sanitarios fue por un importe de 3.173.470 euros, aunque posteriormente la empresa adjudicataria acordó aplicar una donación de 550.000 euros, por lo que la deuda final se quedó en 2.623.470 euros. Posteriormente, la firma aceptó la subrogación de la deuda por 787.885 euros.

Otro de los contratos a los que hace referencia es para la prestación de servicios de alojamiento hotelero con motivo de la visita del Papa en julio de 2006 por 1.709.609 euros, de los que fueron pagados 300.000 euros.

Asimismo, detalla un acuerdo para la prestación del servicio de asesoramiento, planificación y compra de medios de la campaña nacional de publicidad con motivo de la visita del Papa, por el que se emitieron facturas con un montante conjunto de 826.651 euros. De esta cuantía fueron atendidas dos facturas de 122.960 euros.

Del mismo modo, destaca dos contratos de obras y suministro con la empresa pública Vaersa por 519.011 euros -uno de 172.312 euros y otro de 346.699 euros-, e indica que "no consta que se hubiere realizado pago alguno".

"INCUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD"

En las conclusiones del informe, la Intervención advierte de un "incumplimiento de la legalidad", ya que cuando en 2010 la Generalitat aportó dos millones de euros en concepto de dotación fundacional, la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia debió ser considerada como una fundación del ámbito del sector público valenciano.

Asimismo, denuncia incumplimientos de principios de contabilidad, incertidumbre respecto de la posible contingencia fiscal -deuda con Hacienda- y falta de información y contratos.

Del mismo modo, alerta de ausencia general de cumplimiento de los procedimientos de legalidad que debieron ser aplicados en distintas contrataciones. También incumplimientos de la legalidad para la aplicación de procedimientos de control pertinentes en la contratación de servicios de profesionales externos, relativos a los ejercicios entre 2010 y 2014 y a la gestión contable y administrativa.

Además, subraya que las cuentas anuales de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 fueron aprobadas y presentadas al Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana fuera del plazo legal reglamentario.