El juicio a los responsables de Gescartera que comienzó el 17 de septiembre en la Casa de Campo de Madrid expone una trama llena de grandes cifras, personajes de todo tipo y condición y un sumario lleno de sociedades ficticias e implicaciones turbias. Hoy, Antonio Camacho ha sido condenado a 11 años de prisión.

La Audiencia Nacional ha condenado este jueves al dueño de la agencia de valores Gescartera a un total de once años de prisión (ocho años por el delito de apropiación indebida y tres por falsedad documental) y a pagar una multa de 263.000 euros. Han absuelto a 6 personas (entre ellas a la mujer de Camacho) y condenado a otras 8.

También condenó a una pena de 3 años y 6 meses de prisión por el delito de apropiación indebida a la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna. José María Ruiz de la Serna, número dos de Gescartera, ha sido condenado a 7 años de cárcel por apropiación indebida y 3 años por falsedad documental.

Aníbal Sardón, propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), sociedad vinculada a la agencia de valores Gescartera, fue condenado a 9 años de cárcel por apropiación indebida (7 años) y falsedad documental (2 años).

Según la Fiscalía, "los acusados crearon o desarrollaron una actividad claramente dirigida a lucrarse, defraudando a sus clientes con el fin de hacer suyo el dinero o valores entregados por aquellos".

Para ello se simulaban operaciones de compra y venta de acciones con una documentación contable paralela que reflejaba operaciones que no existían.

Según los 50.000 folios del sumario la estafa supera los 50 millones de euros y afecta a unos 4.000 clientes que confiaron su inversión a Gescartera.

Hasta el momento, los afectados de la estafa han recibido 26 millones de indemnización (con un tope legal de 20.000 euros por caso) pero en ningún momento se ha recuperado nada de lo estafado.

Es más, según denuncian las acusaciones particulares, los afectados se quejan de que varios antiguos administradores y empleados de Gescartera todavía disponen de muchas propiedades a través de sociedades interpuestas, por lo que la recuperación de su dinero todavía se hace menos viable.

Fuentes jurídicas señalan que es muy complicado recuperar el dinero de los imputados, dado que tienen un patrimonio embargado escaso.

El escándalo estalló bajo el gobierno del PP. Hubo una comisión parlamentaria de investigación, que se cerró sin encontrar responsabilidades políticas gracias a los votos del propio grupo popular, Coalición Canaria (CC) y Convergencia i Unió (CIU). Además, la presidenta de Gescartera y una de las principales imputadas , Pilar Giménez Reyna, es hermana de de Enrique Giménez Reyna, quien por aquel entonces era secretario de Estado de Hacienda y que dimitió días después.

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, aseguró hoy que el caso Gescartera no tuvo "absolutamente nada que ver con la acción" del por entonces Gobierno de José María Aznar.

El escándalo afectó a varias instituciones financieras y entidades reguladoras, sobre todo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) . Tanto su presidenta, Pilar Valiente, como su vicepresidente,

Además, la sentencia ha considerado como responsables civiles subsidiarios a Caja Madrid Bolsa y La Caixa. Así, tendrán que abonar los millones de euros establecidos como indemnización a los 655 afectados que reconoce el fallo, que supone un aviso para las entidades financieras. Otras acusaciones han reclamado la responsabilidad de los bancos HSBC , Bankinter y Deutsche Bank , relacionados con las operaciones financieras de la sociedad de valores.

El escándalo tuvo ciertas operaciones colaterales que no han sido aclaradas. Así, por ejemplo, entre los inversores estaba el Arzobispado de Valladolid, que sacó todo su dinero de la Gescartera días antes de que se destapase el caso.