Según los responsables de estas organizaciones, pese a que la cifra de cadáveres encontrados se limita a 8.324 ejemplares de animales, la tasa de víctimas de envenenamiento que se encuentran es únicamente de entre el 3% y el 15%. "Se estima que se está localizando solamente alrededor del 10% de los casos reales de envenenamiento", explican desde estas organizaciones.

Las especies más afectadas por el uso ilegal o descontrolado de veneno, según el documento, son las aves rapaces, que representan el 34% de las víctimas, seguidas de los animales domésticos (22%) entre los que destacan perros y gatos y otras aves como abejarúcos o cigüeñas, que representan el 11% de las víctimas por envenenamiento encontradas, según los responsables del estudio.

Durante los 21 años estudiados, también se vieron afectados por estas sustancias tóxicas el grupo de carnívoros terrestres (9%), con especial incidencia en los zorros; los mamíferos silvestres (3%) como jabalíes o conejos; las palomas (8%) y los córvidos (5%).

Las muertes de estos animales, según explican desde estas ONG, se deben, en primer lugar, al uso de cebos envenenados para matar a los depredadores y los animales que atacan ganado y animales de caza (en este último caso con el objetivo de eliminar depredadores y, así, incrementar la población de presas para caza). Sin embargo, destacan que este tipo de métodos "ilegales y no selectivos" producen también la muerte de otras especies de forma incontrolada.

"El uso ilegal de veneno constituye una amenaza muy grave para la biodiversidad española, pero también para la europea, ya que nuestro país alberga entre el 80-90% de las poblaciones europeas de especies como el buitre negro, el buitre leonado y el alimoche. Además, es un lugar fundamental para el futuro en el resto del continente de otras especies, como el quebrantahuesos, el águila imperial o el milano real", advierten desde SEO Birdlife y WWF.

MAYORES SANCIONES Y CONTROL DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS

Para combatir el uso de cebos envenenados, destacan la utilidad de las sanciones y de las acciones de sensibilización y exigen a las administraciones públicas que desarrollen las estrategias regionales para acabar con estas prácticas. Además, señalan a la posible existencia de un "tráfico ilegal" de sustancias como "el aldicarb, el carbofurano y la estricnina", pese a estar "prohibidas desde hace año" por su elevada toxicidad.

"El uso frecuente de estos productos ilegales prueba la existencia de un stock disponible para el envenenador, no gestionado y no eliminado y, en alguna medida, un tráfico ilegal destinado a la elaboración de cebos en el ámbito de la ganadería y la caza", aseguran desde las ONG, que exigen la implementación de un Sistema Integrado de Gestión para los pesticidas obsoletos y la aprobación de un marco legal contra la tenencia de sustancias tóxicas ilegales.