La implantación de este grado es positiva "para muchos aragoneses, para mucha gente que vive aquí" y por falta de plazas en la pública "se tiene que marchar fuera" para cursar sus estudios, ha expuesto Alegría, quien ha dejado claro que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de "tomar decisiones que mejoren las posibilidades de ciudadanos que quieren estudiar una titulación universitaria".

Pilar Alegría ha señalado que en el último curso hubo 308 plazas de ingreso en la titulación de Derecho de la UZ y 1.099 demandantes -451 en primera opción-, quedándose sin plaza 800 personas, que pueden elegir entre inscribirse en otra titulación o marcharse fuera para estudiar esta carrera, lo que tiene un coste de 9.000 euros anuales. La USJ puede ser "una segunda puerta" a la que llamar, ha opinado.

Las prioridades de la consejera son "blindar" los derechos, pero también "respetar a las personas que quieren llevar a sus hijos en primera instancia a la USJ", insistiendo en que a día de hoy hay mucha más demanda que oferta.

Ha asegurado que "este Gobierno no está regalando nada a nadie, está cumpliendo la ley" y que la autorización de este grado "no es a favor ni en contra de nadie" sino "gobernar con altura de

miras y sin sectarismos".

En su intervención, Alegría ha señalado que la normativa prohíbe poner en marcha nuevas titulaciones que ya se impartan en Huesca, Teruel y La Almunia de Doña Godina, pero en este caso la UZ imparte Derecho en el campus de San Francisco de la capital aragonesa. Asimismo, ha expresado que "respetar a la UZ no significa confrontar con nadie, no significa destruir", sino "acoger todo el sistema universitario y ofrecerlo a los ciudadanos en las mejores condiciones".

APOYO "FÉRREO"

La consejera ha resaltado que su apoyo a la universidad pública es "férreo" y ha apostado por que la educación universitaria en Aragón sea "excelente", en la UZ, la USJ y la UNED. "No me interesa vender, me interesa hacer, construir", ha añadido.

Alegría ha enumerado algunas actuaciones del Gobierno de Aragón en relación a la UZ, como el pago de deuda por valor de 14 millones de euros, la inversión anual de 2,5 millones en infraestructuras, la realización de obras menores en Filosofía y la rebaja de un 20 por ciento del precio de algunos másteres.

Ha contrapuesto este caso al de la autorización a la misma universidad para la impartición de los grados de Magisterio, cuando "se cumplieron todos los trámites legales pero, a nuestro entender, no se actuó con total transparencia", ya que "nunca el Gobierno PP-PAR le dijo a la uZ que se iba a implantar".

"Aquí se ha informado en todo momento, se ha actuado con total transparencia", ha continuado la consejera, quien ha apuntado que la Comisión de Seguimiento de Estudios Universitarios, de la que forma parte la UZ, ha aceptado esta propuesta.

VERTEBRACIÓN

"No queremos duplicidades por un criterio de vertebración", ha dicho la portavoz de Podemos, Maru Díaz, asegurando que la universidad pública "no puede ser el campo de pruebas barato para que la privada haga negocio con algo que nos ha costado a todos mucho dinero", poniendo de relieve la extensa trayectoria de los estudios de Derecho de la UZ, donde se imparten desde 1583.

"Derecho es una apuesta segura, una carrera con muchísima demanda y entiendo que la privada se la rife", ha continuado Díaz, quien ha preguntado a la consejera si este es el primero de "muchos más" estudios en la USJ. Podemos considera que autorizar este grado supone abrir el modelo universitario a la privatización.

Ha defendido la decisión de la Generalitat Valenciana de no permitir a los estudiantes de medicina de las universidades privadas formarse en los centros sanitarios públicos.

El diputado del PP, Modesto Lobón, ha apoyado la autorización de este grado en la USJ, haciendo hincapié en que esta titulación cumple la normativa, lo que "es positivo", agregando que así aumenta la oferta.

La parlamentaria socialista, Isabel García, ha atribuido la intervención de Podemos a que "estamos en campaña electoral y hay que hacer un gesto destacable para intentar desmejorar la imagen de la Consejería", y ha subrayado que este Ejecutivo quiere "afianzar" el sistema universitario.

En representación del Partido Aragonés (PAR), Jesús Guerrero, ha abogado por un sistema universitario "fuerte, potente, que pueda vertebrar el territorio" y ha destacado que en Derecho hay un problema de falta de plazas.

El diputado de C's, Javier Martínez, ha dicho que a los diputados de Podemos "se les ve el plumero", ha criticado sus "incoherencias" y ha defendido la implantación de este grado en la USJ.

Desde el Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) ha preguntado sobre la política de becas para que "todo el mundo tenga acceso" a la educación superior y ha cuestionado si está en peligro la titulación de Derecho que ya se imparte.