Alejandro Fernández, el chico de 24 años que entró en prisión el martes, está condenado por dos delitos: tenencia de tarjetas de crédito o débito destinadas a su tráfico y estafa. "No está condenado por pertenecer a una organización criminal", afirma su abogado. Javier Gómez Rosales responde así a las declaraciones realizadas este miércoles por el ministro Rafael Catalá, quien defendió que no se le haya dado el indulto a este granadino argumentando que era miembro de una "red de criminalidad". "No es una cuestión de 78 euros", añadió el titular de Justicia.

La sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, condena a ocho personas en la causa y "hace tres grupos", apunta el letrado. El tribunal castiga a Alejandro con cuatro años por la tenencia de las tarjetas y con uno por estafa, tras unos hechos ocurridos el 15 de enero de 2010. Ese día, este joven y otras dos personas, "usando las espurias tarjetas, efectuaron operaciones por importe de 299 y 257,80 euros", recoge el dictamen judicial.

El documento no desglosa cuánto se gastó cada uno de ellos pero Gómez Rosales manifiesta que disponen de los extractos que demuestran que de la cantidad total, su defendido solo pagó 79,2 euros con uno de los dos plásticos que estaba a su nombre. Él siempre sostuvo que desconocía que fuesen falsos, punto que el juez consideró que no se sostenía en pie "un solo instante".

El abogado también niega que, tal y como se ha publicado, su cliente se dedicase a la clonación así como tampoco se le incautó material para ello. La sentencia condena por ese delito a otro de los acusados, con quien Gómez Rosales asegura que Alejandro no tiene ninguna relación. A esa persona también se la considera culpable, junto a una cuarta, de falsificación de documentos. "Que te juzguen junto con otras personas no significa que tú tengas participación en lo que hayan hecho ellas", resalta el letrado.

Alejandro ingresó en el centro penitenciario de Albolote, en Granada, después de que no prosperasen las distintas acciones que emprendió para evitar ese desenlace, entre ellas, la solicitud de un indulto. Su abogado asegura que aún sigue esperando que Justicia le comunique los motivos en los que se basa para no aceptar esa petición y sostiene que el joven "cumple todos los requisitos" para acceder a la medida de gracia: "No tenía antecedentes penales, no ha vuelto a cometer ningún delito y cuenta con un trabajo estable, un piso con opción a compra y una pareja". Seis años después de aquel delito, este chico ha rehecho su vida. Durante este tiempo ha estado en libertad provisional, presentándose en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

La defensa no pierde la esperanza de que aún sea posible lograr un indulto parcial. "Cuando lo solicitamos lo hicimos por dos vías: como petición principal el total y como accesoria, el parcial. Si la respuesta del ministerio es solamente sobre el primero, algo que aún no sé, tendríamos la vía abierta para reproducir nuevamente el segundo", explica Gómez Rosales. "No creo que hayan denegado los dos", agrega cuando se le pregunta sobre esa posibilidad. El indulto parcial conllevaría el perdón de la pena más alta. La condena quedaría así en un año de cárcel, "lo que permitiría conmutarla por una multa o trabajos a la comunidad".

Mientras se trabaja en esa vía, Alejandro pasa su segundo día entre rejas, abatido, según su familia, porque siempre consideró que tenía alguna probabilidad de permanecer en libertad. "Ha estado mal porque fue un poco antes de entrar cuando se publicó que él era el autor material de las falsificaciones y otra serie de cosas que no son verdad. Entró pensando que no iba a poder defenderse y viéndose más indefenso", relata el letrado. "Pero para eso estamos nosotros", concluye.