En una nota, el edil del PP, José Blas Fernández, ha explicado que la reclamación administrativa se ha registrado en base a los artículos 170.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, haciéndose constar que "el Edicto de publicación en el BOP omite que la aprobación inicial del presupuesto fue sometida y rechazada por el Pleno el 13 de mayo de 2016, aludiéndose solamente que se aprobó por la Junta de Gobierno Local el 17 de Mayo de 2016".

Además, ha añadido que se advierte que tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 se determina que es a la Junta de Gobierno Local a la que le corresponderá resolver las alegaciones que se hayan presentado en el periodo de exposición pública y decidir sobre las alegaciones o enmiendas que los grupos políticos municipales hayan presentado en el procedimiento de aprobación del presupuesto.

En este sentido, Fernández ha indicado que "Podemos está intentando que el Pleno refrende lo que no refrenda la Intervención Municipal cuando es competencia de la Junta de Gobierno Local".

Asimismo, ha añadido que espera que el PSOE "no caiga en la trampa, porque serán corresponsables de una situación de la que estamos advirtiendo en esta reclamación para que de ello tenga conocimiento, si se produce, tanto la Jurisdicción Contenciosa Administrativa como el Tribunal de Cuentas".

Fernández ha señalado que otros de los fundamentos de la alegación es que, en base a lo estipulado por la legislación aplicable, los estados de gastos deben incluir "con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones".

Por ello, ha manifestado que entiende que el presupuesto "nace con déficit inicial, vulnerando el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales".

Además, el edil del PP ha afirmado que la reclamación también advierte de la "inexistencia" de convenio, acuerdo o resolución alguna que "sostengan" los ingresos de más de ocho millones atribuidos a la Junta de Andalucía, salvo una solicitud de escuelas taller "que, como es conocido, no se aprueban desde hace seis años".

Fernández ha advertido en este sentido que "hay una rotunda y clara advertencia de la ilicitud de la partida, pues al no existir sustento para llevarla a cabo, estamos ante un evidente fraude procedimental, pues no hay compromiso firme de

pago por otra administración".