Empresarios y sindicatos han visualizado este miércoles sus diferencias en torno al anteproyecto de ley del suelo durante una reunión del Consejo Asesor del presidente, si bien el viceconsejero de Presidencia, José Miguel Barragán, cree que aún es posible llegar a acuerdos en el trámite parlamentario porque no hay ninguna posición "frentista".

En declaraciones a los periodistas tras casi dos horas de reunión, el secretario general de UGT, Gustavo Santana, ha dicho que el borrador actual pone "en riesgo" la cohesión de Canarias y el crecimiento armónico del territorio, ya que no resuelve aspectos sustanciales como el papel de la Cotmac o la definición de ámbitos competenciales.

Santana ha reclamado un proceso de participación "más amplio", en línea con las alegaciones de la Fundación César Manrique, ya que "las prisas son malas consejeras", y por ello, ha solicitado una reunión con los redactores del anteproyecto.

Con todo, ha comentado que "la sensación es que no va a haber acercamiento sobre lo esencial", por lo que ha asegurado que habrá movilizaciones en la calle, mientras que también se ha mostrado contrario con que los ayuntamientos y cabildos se encarguen de la aprobación definitiva.

"Conozco a muchos concejales mayores de edad y están incursos en procedimientos de especulación y algunos condenados. Los límites habrá que ponerlos en la ley", ha destacado.

En parecidos términos se ha expresado el secretario general de CCOO, Carmelo Jorge, quien ha insistido en que se pierde una "magnífica oportunidad" de alcanzar un consenso, que es "imprescindible".

Según Jorge, ahora mismo es un proyecto "desequilibrado", en virtud al "coro de apluasos" que se oyen en apoyo del documento. "Queremos que se aborde con paciencia y haya actividad, pero que el suelo también sea protegido", ha apuntado.

FUSIONAR AYUNTAMIENTOS SI NO PUEDEN

El presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, ha dicho que la actual legislación hay que cambiarla porque es "contradictoria" y tiene procesos "burocratizados" que hacen "más lenta" la inversión o "judicializa" los planeamientos.

A su juicio, el anteproyecto "va en la línea correcta" y seguro que tendrá cambios en el Parlamento, pero ha mostrado su desacuerdo con que se aumente el 10 por ciento de aprovechamiento público sobre el territorio.

Sobre el poder de los ayuntamientos, ha señalado que "si tienen mayoría de edad" para aprobar presupuestos y ordenanzas, también tienen la capacidad para aprobar un planeamiento, aunque cree que "si uno no puede, debe fusionarse con otro y crear una eficiencia adecuada".

Barragán, por su parte, ha señalado que la plataforma ciudadana contraria al proyecto no ha solicitado ninguna reunión -aunque lo harán a través de los sindicatos-, y ha aclarado que la Cotmac se mantiene, con informes preceptivos y vinculantes de los aspectos que sean competencia de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, ha comentado que se va en la "buena línea" y que, en todo caso, la fase final depende del Parlamento, aunque previamente, en dos o tres semanas, se enviará el borrador al Consejo Consultivo para que emita su informe.