(EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado este miércoles las propuestas "vacías, demagógicas y antisociales" de los partidos socialistas y comunistas para dar respuesta a los casos de emergencia social en Castilla y León ya que, según ha reivindicado la procuradora María Mar Angulo, "se quedan cortas" con las medidas que se aplican en la Comunidad Autónoma desde hace años, entre las que ha citado la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y la Red de Protección a las Familias.

"Aquí podemos contarlo porque hemos dicho sí desde el principio", ha sentenciado Angulo en su argumentación en contra a la toma en consideración de una Proposición de Ley de emergencia habitacional y de pobreza energética del Grupo Podemos a la que, según ha recordado, la presidenta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, ha dado un "no rotundo", para ironizar sobre que aún queda por ver qué dice el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Angulo, que se ha referido también a los problemas de vivienda que sufren los venezolanos y a la eliminación de subsidios y subidas de impuestos llevadas a cabo en Grecia,

ha acusado al Grupo Podemos de estar más preocupado por atender los requerimientos de su jefe, Pablo Iglesias, que de interesarse por la verdadera realidad de Castilla y León, donde se han concedido 27.000 ayudas de emergencia de las que 7.119

fueron para paliar la pobreza energética en 2015.

"Respuesta reales a problemas reales", ha reivindicado Angulo que ha cargado contra "la demagogia y el populismo" que acaban pagando los que menos tienen con una crítica concreta a la propuesta de Podemos de regular por reglamento los procedimientos extrajudiciales y el funcionamiento de las comisiones de sobreendeudamiento, un caso de "intervencionismo y de comunismo" a juicio de la 'popular' que, ante los gestos de los procuradores de Podemos, y en un acalorado debate les ha recordado que se han alcanzado pocos acuerdos con el puño cerrado.

Sin embargo, el procurador proponente Ricardo López ha reclamado el voto valiente de toda la Cámara para trabajar en el texto de la proposición de ley de Podemos que ya ha recibido el visto bueno en el Parlamento catalán, si bien ha sido recurrida por el Gobierno de la nación en funciones ante la "desproporcionada" carga que suponía para los bancos.

"El PP se pone del lado de los poderosos y no de la gente", ha lamentado López, que ha asegurado que en Castilla y León se han tomado medidas represivas en materia de vivienda, "mal que les pese", al mismo tiempo que ha evidenciado "cierta incapacidad" de la Junta para atajar los problemas de emergencia habitacional y de pobreza energética donde el diálogo debería ser "mucho más amplio" e incluir a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a Stop Desahucios.

"No es Podemos el que les va a sacar los colores, es Cáritas", ha aclarado Ricardo López, quien ha recordado que el pasado año esta ONG pagó el recibo de la luz y del gas a 9.600 familias de Castilla y León, entre las que cada vez hay más casos de personas que trabajan pero que tiene sueldos muy bajos.

LA OPOSICIÓN PIDE NO BLOQUEAR DEL DEBATE

La toma en consideración de la Proposición de Ley de Podemos recibió el visto bueno del resto de los grupos en el reconocimiento compartido de la necesidad de trabajar en el Parlamento en el desarrollo de una ley y de no bloquear el debate en un asunto que beneficie a los ciudadanos, a pesar de que, según ha reconocido el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel, no estén de acuerdo con el planteamiento completo. "Soluciones serias a problemas muy serios pero sin caer en la tentación de hacer trampas al solitario a los ciudadanos y las tentaciones de la demagogia", ha reclamado en concreto a lo que ha sumado la necesidad de incluir en las propuestas cálculos de cómo se van a pagar.

Por parte del PSOE, María Consolación Pablos, ha abogado por una comunidad de derechos y no por una comunidad de beneficencia por lo que ha compartido la necesidad de legislar en la materia y no actuar sólo con medidas de urgencia y emergencia, como hace a su juicio la Junta de Castilla y León.

El portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, de IU, ha advertido de la situación "ciertamente dramática" que vive una parte importante de la sociedad con unas 60.000 familias en situación de pobreza energética que, según ha aclarado, ya está incluidas en los programas de ayuda que se están dando.

Esta Proposición de Ley buscaba que la Junta de Castilla y León se hiciera cargo, por ley, del realojo de aquellas familias sin capacidad económica para pagarse una vivienda, así como de garantizar el suministro de servicios básicos de agua, luz y gas.

El planteamiento efectuado por Podemos parte de la realidad mostrada por el último informe del Consejo Económico y Social, según el cual en Castilla y León hay más de 500.000 familias en situación de exclusión social, a las que este último año se han sumado otras 127.000, lo que sitúa el porcentaje total en el 26,1, y que en el primer trimestre del presente año llevamos ya un total de 788 desahucios, con lo que de continuar con esta progresión el número de lanzamientos al final del ejercicio podría situarse en más de 2.800.

Ante esta situación, Podemos plantea un procedimiento extrajudicial para resolver los problemas de aquellas familias que no pueden pagar la renta de su vivienda, partiendo de la creación de comisiones de sobreendeudamiento que, dentro de un procedimiento administrativo, puedan reestructurar la deuda de los afectados y establecer nuevos plazos de pago.

En el supuesto de que ello no fuera posible, la formación de Fernández plantea un procedimiento judicial simplificado, en el que el juez sea el encargado de establecer un calendario de pagos. Sólo si tampoco los afectados pudieran afrontar las rentas, Podemos abogaba por que sea la propia Junta la que, antes de producirse el desahucio, se haga cargo del realojamiento de estas familias.

De forma paralela, la Proposición defiende una fuerte inversión en un parque público de viviendas en alquiler. A este respecto, tras destacar que actualmente hay en Castilla y León cerca de 300.000 viviendas vacías, Podemos planteaba dotar a la Junta de la facultad necesaria para que las personas jurídicas propietarias de las mismas se vean obligadas a cederlas para el realojo de las familias en riesgo de exclusión social.

En la misma línea, el Grupo Parlamentario de Podemos es partidario de que el Ejecutivo autonómico garantice servicios tan básicos como el agua, la luz y el gas en casos de familias en riesgo de exclusión social, de forma que en ningún caso los gastos de vivienda y dichos suministros superen el 30 por ciento de los ingresos familiares.