La investigación se inició a raíz de las declaraciones de diversos testigos que aseguraban la existencia de un asilo clandestino de ancianos en un chalet de la localidad. De esta forma, los agentes mantuvieron una vigilancia que ha durado varias semanas hasta tener las evidencias suficientes que pudieran corroborar las declaraciones, según ha informado la comandancia.

El proceso se ha prolongado en el tiempo por "el blindaje informativo" que los detenidos habían desplegado entre trabajadores y residentes".

La hija del matrimonio, que trabajaba en una farmacia cercana a la localidad, presuntamente era la encargada de captar a los perjudicados: personas de avanzada edad, de nacionalidad inglesa, residentes en Santa Pola con poca o ninguna familia cercana y que hablaban únicamente inglés.

Así, les convencía para ingresar en la supuesta residencia, a cambio de una cuota mensual que rondaba los 2.500 y 3.000 euros por residente. Una vez en la residencia, les solicitaban documentación y escrituras de sus propiedades, que guardaban en una caja fuerte, con el fin de intentar persuadirles para que, cuando fallecieran, les dejaran en herencia las posesiones.

Los ancianos, al parecer, recibían un "trato digno", aunque alguno de ellos ha declarado que en alguna ocasión recibían voces y gritos, pero en general "no hay signos evidentes de maltrato".

Cuando alguno de ellos recibía alguna visita, los detenidos estaban "constantemente vigilando", para que no se pudiera filtrar lo que estaba sucediendo. Según la Guardia Civil, el control de la información era "tan fuerte" que no dejaban a los ancianos disponer de sus teléfonos móviles, que eran retirados al entrar en la residencia, y eran vigilados "en todo momento" a través de cámaras de seguridad, distribuidas por toda la vivienda.

Uno de los ancianos, tras mucho insistir y con la ayuda de su familia, consiguió salir de la casa, y corroborar a los agentes todo lo que allí estaba sucediendo.

Las instalaciones, que contaban con cinco habitaciones y casi siempre estaban ocupadas, disponían de camas articuladas, y algunos accesorios para facilitar la vida diaria de los ancianos. Sin embargo, carecían de las medidas de seguridad básicas exigidas para un centro de estas características. Se estima que la residencia ilegal podía llevar funcionando durante unos tres años.

Del mismo modo, las personas contratadas por la familia para cuidar a los ancianos, no estaban cualificadas, ni se contaba con ningún facultativo necesario para el bienestar de los residentes, aunque sí estaban "bien adiestradas" para no revelar ningún dato que pudiera llevar a las autoridades a conocer lo que allí sucedía.