La propuesta, formulada por el Grupo Parlamentario de Podemos, denuncia la situación de "precariedad laboral" de estos trabajadores, que cobran cinco euros por hora trabajada, cuando la empresa recibe del Principado un total de 12. Además, según el diputado que la ha defendido, Héctor Piernavieja, ha advertido de que se está dando a los centros la opción de elegir entre más horas de logopedas o de intérpretes, lo que conlleva "la posibilidad de que se reduzcan el número de horas a los estudiantes", si bien también podría tratarse, señala el parlamentario de "una represalia contra los trabajadores que se estuvieron moviendo".

Se ha referido en este sentido a la demanda puesta tanto contra la empresa como contra los trabajadores por parte de cuatro de estes intérpretes. Está previsto que la sentencia se conozca a mediados de septiembre.

La propuesta de Podemos es "no prorrogar el acuerdo con esta empresa, que no tiene domicilio social en Asturias y que ya tiene sentencias contrarias en otras comunidades", y la transición a otro modelo, abriendo listas de interinos.

Durante dicho proceso, si es necesario abrir una nueva contratación, plantea establecer "cláusulas sociales en la adjudicación, entre ellas condiciones laborales y contractuales dignas para los trabajadores".

El diputado del PP David González Medina, en el turno de fijación de posiciones, ha considerado "de especial gravedad" las condiciones de estos empelados, y ha llamado a considerar la importancia de "estas personas en el sistema educativo público". No obstante, ha pedido que "no se centre el discurso en atacar a una determinada empresa, sino en regular la norma para que las empresas que no cumplen con determinados requisitos no puedan contratar".

Nicanor García, de Ciudadanos, ha expresado el "asombro" de su partido por las "condiciones en las que trabajan, por los contratos y por sus condiciones salariales y laborales". Ha recordado que se trata de un servicio externalizado, y afecta a un colectivo "muy reducido pero muy sensible".

Ha

pedido "no prorrogar el contrato y después decidir o bien si se abre una bolsa pública de empleo, o bien otro tipo de contrato, con condiciones diferentes, en las que se respeten los derechos, se tengan en cuenta todas las horas y que se tengan en cuenta que es un colectivo que trabaja en la educación pública asturiana".

Concha Masa, de IU, se ha mostrado "completamente de acuerdo" con el planteamiento de Podemos. "Nuestro grupo ha criticado la subrogación de servicios de este tipo", ha recordado. IU sí exige la puesta en marcha de inmediato de una bolsa pública de trabajadores interinos, para que "el próximo curso sean trabajadores dependientes ya de la Consejería".

PSOE NIEGA REPRESALIAS

La diputada socialista Elsa Pérez, encarga de anunciar el voto en contra de su partido, ha negado "categóricamente ningún tipo de represalia hacia estos trabajadores". Ha pedido prudencia sobre este tema y ha asegurado que desde la Consejería de Educación "se está estudiando" la situación. *

Se ha referido a la demanda judicial presentada por cuatro trabajadores contra el Principado y la empresa. "Se tomará una decisión a la vista de la sentencia que se produzca", ha explicado. Eso sí, ha dejado claro que para el próximo curso no será posible aprobar cambios de modelo de gestión, al resolverse el proceso en septiembre.