En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita para los tres acusados, identificados como M.R.S., M.T.R. y P.A.G., cuatro años de prisión por un delito contra el medio ambiente en concurso ideal con tres delitos de homicidio imprudente.

Asimismo, la Fiscalía pide que los procesados sean inhabilitados durante cuatro años para el ejercicio de profesión relacionada con la gestión de residuos y que, en concepto de responsabilidad civil, abonen de forma solidaria un total de 720.000 euros a la menor que sobrevivió.

El Ministerio Público considera probado que la empresa Alansu S.L. está dedicada a nivel nacional a la gestión de residuos peligrosos y contaba con autorización de la Consejería de Medio Ambiente como gestor de este tipo de residuos, desarrollando su actividad en una planta situada en Alcalá de Guadaíra.

De este modo, su labor consiste en la recogida y transporte de los residuos peligrosos generados por terceros en envases adecuados, su almacenamiento provisional en la planta y el traslado al gestor autorizado final de los residuos, sin hacer durante dicho depósito manipulación alguna.

La Fiscalía señala en este escrito consultado por Europa Press, que, en el desarrollo de su actividad, esta empresa se encargaba de la gestión de los residuos peligrosos generados por Roca Defisán y, en particular, del traslado al gestor final de los envases vacíos metálicos de aluminio correspondientes a los pesticidas empleados por esta empresa.

Estos pesticidas están integrados por fosfuro de aluminio, el cual, a través de la humedad de los propios productos a tratar y la temperatura ambiental, libera un gas "extremadamente tóxico" para los seres humanos, lo cual "exige la aplicación del producto en recintos debidamente cerrados, asegurando evitar la inhalación del producto por personas".

Estos envases vacíos metálicos se entregaban "normalmente" dos veces al año por dicha empresa a Alansu en unas sacas "debidamente cerradas y etiquetadas, que contenían los envases contaminados con sus etiquetas y sus tapones", añade el Ministerio Público.

El gestor final al que Alansu transportaba los envases vacíos contaminados procedentes de Roca Defisán era una empresa con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz) "debidamente autorizada" para ello, encargándose de la tramitación administrativa correspondiente la acusada M.R.S., empleada de Alansu desde 2008 y que se encargaba de coordinar las salidas de residuos a los gestores finales.

Durante 2012, Alansu recogió de la empresa Roca Defisán 764 kilos de envases vacíos metálicos y 92 kilos de envases plásticos contaminados, residuos que se encontraban en la planta de Alansu en mayo de 2013, fecha en la que el acusado y mozo de almacén M.T.R. propuso a M.R.S. vender dichos envases de aluminio "con el fin de obtener un beneficio económico".

ENVASES DE ALUMINIO CONTAMINADOS

Con tal fin, M.T.R. contactó con el tercero de los acusados, P.A.G., administrador de Reciclados Nivel, la cual "no disponía de autorización de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente para la gestión de ningún tipo de residuos (peligrosos y no peligrosos), proponiéndole a pesar de ello que comprase los mencionados envases de aluminio contaminados".

Los tres acusados, según el fiscal, eran "conscientes" de que dichos envases eran residuos peligrosos que debían gestionarse finalmente por una empresa autorizada para ello, "del grave riesgo para la salud" de las personas que implicaba extraerlos del procedimiento de gestión establecido legalmente, y de que Reciclados Nivel carecía de la autorización pertinente para su gestión.

A finales de mayo de 2013, los residuos peligrosos mencionados fueron trasladados a Reciclados Nivel, permaneciendo allí "sin manipular" hasta que fueron vendidos por el acusado P.A.G. a una empresa de San José de la Rinconada los días 31 de mayo y 3 de junio de 2013, todo ello a pesar de que esta empresa "no estaba autorizada para la gestión de residuos peligrosos".

"Continuando con su relación comercial", y con fecha 25 de julio de 2013, Alansu recogió de Roca Defisán 231 kilos de envases contaminados, entre ellos 198 kilos de aluminio que fueron entregados al responsable de Reciclados Nivel a pesar de que los tres imputados "eran conscientes de que esta empresa seguía sin tener autorización como gestor de residuos, asumiendo de esta forma los riesgos para la salud de las personas inherentes al tratamiento inadecuado que se pudiera realizar de los envases contaminados".

La Fiscalía pone de manifiesto que, tras depositar las sacas que contenían los envases en las instalaciones de Reciclados Nivel, el acusado responsable de esta empresa extrajo de dichas sacas los botes de aluminio contaminados, retirando tanto sus etiquetas como sus tapones de seguridad de plástico y vendiéndolos el 13 de diciembre a otra empresa de Alcalá "autorizada para la gestión de residuos no peligrosos".

"POTENTE REACCIÓN QUÍMICA"

En la sede de Reciclados Nivel se quedaron dos sacos con parte de las etiquetas y de los tapones de seguridad que fueron entregados unos días antes del 13 de diciembre de 2013 por el acusado P.A.G. al padre de familia fallecido, "cliente habitual de su empresa, a la que acudía frecuentemente para vender chatarra y otros efectos" y que aceptó dichos tapones "desconociendo su peligrosidad".

Este hombre trasladó los tapones a su vivienda y los depositó en una bañera de un cuarto de baño, tras lo que, la tarde del 12 de diciembre de 2013, la hija menor dejó un barreño con agua y lejía en la bañera con el fin de decolorar una zapatilla.

Como consecuencia de la humedad ambiental y/o a causa de alguna manipulación realizada por los miembros de la familia sobre dichos tapones durante la tarde del 13 de diciembre de 2013 (por ejemplo, su lavado), "se desencadenó una potente reacción química en los restos de fosfuro de aluminio existentes tanto en los tapones como en los sacos que los contenían".

Según el fiscal, ello liberó fosfuro de hidrógeno (fosfina) que fue inhalado por los tres fallecidos desde las 19,00 horas del 13 de diciembre de 2013, hora aproximada en que la hija menor había abandonado el domicilio para regresar al mismo sobre las 22,30 horas.

Tras irse a dormir toda la familia, los tres fallecidos comenzaron a encontrarse indispuestos durante la noche, padeciendo diarreas, vómitos y dolor abdominal, por lo que dieron aviso a los servicios médicos, que acudieron a la vivienda sobre las 3,15 horas, diagnosticándoles inicialmente una gastroenteritis aguda por intoxicación alimentaria.

INHALACIÓN DE FOSFINA

"Ante la persistencia" de los síntomas, el padre de familia avisó nuevamente a los servicios de emergencias, que llegaron a las 9,00 horas a la vivienda, hallando a una de las hijas del matrimonio, de 14 años, ya fallecida, mientras que sus padres y su hermana fueron trasladados al Hospital de Valme, donde los primeros fallecieron a lo largo del día 14 de diciembre, mientras que la niña fue dada de alta.

Según los informes de autopsia, la muerte de los tres miembros de la familia "tuvo una naturaleza violenta y accidental", causada por una intoxicación por inhalación de fosfina que originó un fracaso multiorgánico secundario a la hipoxia y el fracaso respiratorio celular.

El 16 de enero de 2014, se practicó una entrada y registro judicial en la vivienda de los fallecidos en el marco de la cual se intervinieron 993 tapones de plástico de los empleados para sellar los botes de aluminio de los pesticidas.