La viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, y los otros tres investigados en una causa abierta por supuestas irregularidades se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel por un supuesto delito de malversación de fondos públicos en la fundación que homenajea nobel, lo que los sentará en el banquillo de los acusados, a falta de que se fije fecha, en un juicio con jurado popular.

Aunque el abogado de Lola Ramos, la vecina de Iria Flavia -en Padrón- que impulsó la investigación, ha considerado que "todavía es pronto para determinar la pena concreta", ha señalado que el Código Penal establece una penalidad (si resultan culpables) de entre tres y seis años de prisión, además de entre seis y diez años de inhabilitación.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la vecina, Xosemaría Rodríguez, ha calificado de "positivo" el auto que ratifica la apertura de juicio oral con tribunal de jurado y ve "ratificado" lo que acusación y Fiscalía venían defendiendo desde el inicio de la causa.

"Desde que pusimos los hechos en conocimiento de la Fiscalía, advertíamos la existencia de unos indicios claros de criminalidad contra los imputados, la presidenta de la Fundación y su gerente", ha manifestado Rodríguez, en referencia a Marina Castaño y Tomás Cavanna.

Ya en la investigación, ha recordado, se observó también la "participación" de otras dos personas que han resultado finalmente investigadas, el exconselleiro de Fraga Dositeo Rodríguez y su hija, Covadonga Rodríguez, quien sustituyó a Cavanna en la gerencia de la fundación.

Xosemaría Rodríguez ha destacado que el juzgado "también validó las posiciones" de la acusación, al acordar que los delitos se juzgasen por un jurado popular, decisión que también había sido recurrida por los investigados pero que, sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado.

"DEMOSTRAR LAS IRREGULARIDADES"

El abogado de Lola Ramos ha recordado que su cliente "lleva años tratando de demostrar las irregularidades y los posibles delitos cometidos en la sede de la fundación", una actuación que emprendió en solitario y que ha dado sus frutos al ponerlo en manos de los abogados.

"Ahora está feliz al confirmarse que ella tenía razón en sus sospechas, de la misma forma que como abogado me siento satisfecho, primero, por el trabajo hecho, y segundo, por entender que de alguna forma estás ayudando a que se haga justicia, con independencia de que las personas encausadas sean social o políticamente relevantes", ha indicado, a preguntas de Europa Press.

En cuanto al supuesto de malversación, Xosemaría Rodríguez ha destacado que el hecho de que se juzgue este supuesto es relevante en la medida en que el juzgado entiende que "la fundación ya tenía carácter público de hecho en el momento de cometer los hechos, pues la mayor parte del dinero tenía ese carácter".

"Estamos hablando de dinero público y esto conlleva una obligación de cuidado especial por parte de sus administradores, que como es evidente, no se tuvo en este caso, y además, supone también una agravación de las penas", ha expuesto.

Preguntado con la pieza separada, en relación al cobro del IVA de una entidad cultural vinculada con Marina Castaño, ha explicado que la audiencia la manda separar para que "se siga investigando" una posible apropiación indebida, al margen de que tampoco es competencia de tribunal de jurado, que sí evaluará el caso de malversación.

"NOS SORPRENDE EL PAPEL DE LA XUNTA"

En este escenario, el abogado de Lola Ramos se ha mostrado "sorprendido" por el papel de la Xunta, que ahora es el patrono mayoritario y que tuvo que hacer una inyección de dinero público para rescatar la Fundación Camilo José Cela. "El papel tanto de la Xunta como de la propia Fundación nos sorprende por ser inexistente. Semeja no haber preocupación alguna por el uso hecho con el dinero público y eso es algo alarmante", ha enfatizado.

Por ello, ha esperado que, una vez conocido este auto de la Audiencia Provincial de A Coruña, "al menos, empiecen a interesarse por el devenir del proceso y traten de recuperar las cantidades ilegalmente detraídas del erario".

AUTO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN

En el auto de cierre de instrucción, la titular del Juzgado número 2 de Padrón, Paula Ventosa, explicó que, del estudio de la documentación y de la declaración de los investigados y testigos, "resultan indicios suficientes de la participación de los investigados": Marina Castaño, Tomás Cavanna (exgerente de la fundación), y Dositeo Rodríguez (exconselleiro, excandidato del PP a la Alcaldía de Santiago y hasta hace poco miembro del Consello de Contas) y Covadonga Rodríguez (hija de Dositeo Rodríguez y subdirectora de la fundación).

La jueza investigó si hubo "malversación" de fondos en el despido de Tomás Cavanna, del que sospechó que fue "simulado" y por el que cobró una indemnización de 150.000 euros cuando "en realidad la fundación no quería prescindir de los servicios, sino que era éste el que quería dejar de trabajar", como sostiene por un intercambio de correos electrónicos que se emplearon como prueba.

La instructora recordó que, según la documentación disponible, Tomás Cavanna "reconoce ya en vida de Camilo José Cela que quería abandonar la fundación, pero siguió prestando sus servicios por petición expresa" del Nobel. "Llama la atención que el señor Cavanna presente su dimisión en la reunión del patronato de la fundación celebrada el 30 de noviembre de 2009, cuando según el acta de dicha reunión se informa por el señor Cavanna que la fundación se encuentra en números rojos desde el 22 de noviembre", apuntó en un auto anterior la jueza, en el que desestimó el sobreseimiento de la causa ante un recurso presentado por los investigados.

En él, también añadió que "no se entiende el motivo por el que, si antes del fallecimiento de don Camilo José Cela (2002) tenía la intención de abandonar la fundación, el señor Cavanna esperó hasta 2009, momento en el que la fundación atravesaba una precaria situación económica para dejar de prestar sus servicios".

RESCATE DE LA FUNDACIÓN

A mediados de 2012, el fiscal de Santiago, Álvaro García Ortiz, denunció a Castaño y al exgerente de la Fundación Cela por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. La investigación se había iniciado a raíz de la denuncia presentada por Lola Ramos, una vecina de Iria Flavia, localidad en la que está ubicada desde el año 1991 la institución. Ramos había aportado a la Fiscalía de Galicia información relativa a supuestos trasvases de dinero efectuados entre la fundación, sin ánimo de lucro, y sociedades propiedad de Cela y Castaño.

La difícil situación de las cuentas de la Fundación Cela llevó a la Xunta a rescatarla, de forma que pasó a tener carácter público desde el mes de abril de 2012, con la finalidad de proteger un valioso patrimonio, configurado por manuscritos, epistolario del escritor y pinacoteca, entre los que se encuentran lienzos de Picasso y Miró. Entonces, la Consellería de Cultura pasó a ocupar la presidencia del patronato.