En concreto, el requerimiento se dirige contra la resolución del conseller de Educación y Universidad, Martí March, de 12 de mayo de 2016, por la que se establece el informe final de EP y se crea la Comisión Externa de Valoración de este informe de evaluación de los alumnos de sexto curso de EP de los centros docentes no universitarios en los que se imparten estas enseñanzas durante el curso 2015-2016.
Según argumentan, en la resolución que motiva el requerimiento "no se establece la aplicación de ninguna prueba específica" de evaluación final de etapa; por tanto, no existe, ni como propuesta, "un modelo de prueba elaborado por la Administración educativa".
Así, explican que se determina la entrega al alumnado de un informe final que recoge el resultado de la evaluación continua y no los resultados de la prueba específica, con lo que "no tiene el valor de evaluación externa".
Asimismo, dicen que tampoco se aplican los cuestionarios de contexto, dirigidos a padres, alumnos y profesores, que sirven para adecuar los resultados de las pruebas a los indicadores socioeconómicos y culturales específicos de cada centro.
En consecuencia, siendo obligación del Estado velar por el cumplimiento de la ley, se ha procedido a requerir a la Administración autonómica, velando por el interés de las familias, a quienes el incumplimiento a sabiendas por parte de los responsables educativos "condena a la pérdida de la oportunidad de obtener una información relevante" sobre el grado de consecución de las competencias y objetivos del currículo por parte de sus hijos, objetiva y externa.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios