En rueda de prensa, la diputada de IU, Patricia Luquin (Grupo Mixto) ha considerado que, cuando se aprobó la Ley, "se perdió la oportunidad de que viniera consensuada y arropada por múltiples aportaciones". IU presentó, sin éxito, casi el 50 por ciento de las más de 200 enmiendas parciales.

La proposición de ley de reforma pretende modificar 14 artículos, aunque IU hubiera preferido derogar la ley vigente y elaborar una nueva. Pretenden que sea "clara, concisa y accesible", que atienda a los principios de transparencia, equidad, cumplimiento de los plazos y responsabilidad.

Para elaborar la iniciativa, IU se ha reunido el pasado mes de febrero con 26 entidades y la registró el 9 de mayo, por lo que ahora están a la espera de que el Gobierno de Aragón emita su informe preceptivo, para lo que dispone de 20 días hábiles, y comience la tramitación parlamentaria. Esperan contar con el apoyo de los Grupos que rechazaron la norma vigente y también de las formaciones que han obtenido representación en las Cortes a partir de esta legislatura.

ASFIXIA ECONÓMICA

La responsable de Política Social e Igualdad de IU-Aragón, Paloma Lafuente, ha hecho hincapié en que las entidades sociales se han quejado de que algunos artículos de la Ley de Subvenciones "hacían especialmente difícil la continuidad" de sus proyectos, ya que "les están asfixiando económicamente".

La modificación propuesta atañe a los plazos de las convocatorias de subvenciones, recomendando que se realicen en el primer trimestre del año natural o, si se demora la aprobación de la Ley de Presupuestos, en los tres meses siguientes. Ha comentado que en algunos casos se convocan las subvenciones en noviembre y las entidades tienen que justificarlas un mes después, lo que les crea "angustia" y "agobio".

Al respecto, Patricia Luquin ha indicado que, en la pasada legislatura, "por tensiones de tesorería o de cumplimiento del déficit se podía tener concedida una subvención pero no se pagaba", lo que "acaba afectando a proyectos fundamentales".

También han pedido que en el caso de las subvenciones para ayuda humanitaria se conceda el 100 por cien y que el plazo de cobro sea de dos meses.

TRANSPARENCIA

Respecto a la transparencia, Lafuente ha exigido que el Ejecutivo motive tanto las concesiones como las denegaciones, puesto que cuando se resuelven "no saben en qué han fallado" y desconocen en qué pueden mejorar y qué criterios utiliza el Gobierno. Las motivaciones deben publicarse en la web del Ejecutivo, ha agregado. IU ha propuesto aumentar los requisitos de las subvenciones directas, así como los instrumentos de control y fiscalización.

Asimismo, han planteado que la Administración asuma los gastos derivados de la demora del pago de las subvenciones, ya que en ocasiones las entidades han de pedir un crédito o un préstamo.

La iniciativa de IU contempla medidas para beneficiar a las entidades sociales y garantizar la libre concurrencia, de forma que las entidades sin ánimo de lucro, pequeñas y sin un beneficio empresarial, puedan recibir subvenciones por el 100 por cien del coste del proyecto y cofinanciarse también hasta el 100 por cien, no hasta el 80 por ciento, como en la actualidad.

Por otra parte, Lafuente se ha quejado de que el Gobierno no está llevando a cabo el acompañamiento de las entidades solicitantes para fiscalizar las facturas que estas entidades emiten. También ha reclamado que se simplifique la burocracia porque "no es lógico, coherente ni responsable" que "en el siglo XXI" las entidades tengan que presentar hasta cinco copias de sus solicitudes y la misma documentación por duplicado.