El portavoz de Justicia de este grupo, Fernando Ledesma, ha presentado la iniciativa este martes en rueda de prensa, donde ha expuesto que el PP pretende evitar casos como el de la asistencia jurídica gratuita a las mujeres víctimas de violencia de género, que el Gobierno de Aragón ha sacado a concurso público, quedando desierto, tras perder los colegios de abogados este servicio.

Incluyendo a los colegios profesionales "daríamos estabilidad a un servicio social" cuyas destinatarias son víctimas de la violencia y, además, "tendría continuidad en el tiempo" y no sería necesario renovarlo cada año, ha observado Ledesma, quien ha considerado que la concertación podría prolongarse durante una década.

Esta medida, ha continuado el parlamentario del PP, superaría las reticencias del Tribunal de Contratos Administrativos, las consideraciones del Consejo General de la Abogacía Española, que ha invitado a recurrir los procesos de adjudicación, y también las de la Intervención y de los consejeros de Presidencia, Vicente Guillén, y de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto.

Además, "acabaría con cierta obcecación y arrogancia" del Gobierno regional, ya que sus responsables "no han querido dar una solución, sino que se han limitado a poner el informe de Intervención" que recomendaba sacar a concurso el servicio. Ha dicho que los colegios de abogados son favorables a ser incluidos y que solo cabe esperar que el Gobierno "recoja este guante" para dar una solución "a un conflicto que no debía haberse generado nunca".

CONCURSO PÚBLICO

Ledesma ha explicado que este servicio salió a concurso a raíz del informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que recomendó este procedimiento, aunque los colegios de abogados de las tres provincias lo prestaban desde hacía 20 años, renovándolo año tras año.

Al producirse la denominada "privatización" del servicio, los colegios se retiraron y acordaron interrumpir la asistencia jurídica a este colectivo a partir del 1 de mayo, aunque llevaban realizándola "en precario" desde el 31 de diciembre de 2015.

El gabinete jurídico Atenzia es el adjudicatario de un contrato menor, pero el concurso para adjudicar el mayor ha quedado desierto, ya que no se ha presentado nadie, tampoco los colegios de abogados. Ledesma ha expresado sus dudas sobre lo que ocurrirá con este servicio a partir del 31 de julio, cuando expirará el contrato menor de Atenzia.

El portavoz de Justicia del PP ha hecho notar que con la nueva normativa de la UE el Ejecutivo aragonés podría concertar directamente el servicio, sin necesidad de sacarlo a concurso.

Ha resaltado que los colegios no solo prestaban este servicio, sino también otros de carácter social, como la atención jurídica a inmigrantes, y ha puesto de relieve que estas acciones "carecen de cualquier ánimo de lucro y lo hacen en cumplimiento de la función social" de la profesión de abogado.