En una nota de prensa, el Gobierno autonómico ha explicado que las entidades de beneficiencia, asistencia o acción social públicas y privadas sin ánimo de lucro a las que se destinan estos recursos disponen de un mes para presentar sus solicitudes para proyectos de inversión, intervención o desarrollo social debidamente presupuestados.

La Junta Distribuidora de Herencias es un órgano colegiado integrado por representantes de los Departamentos de Hacienda, Servicios Jurídicos, Cultura y Servicios Sociales que se creó hace quince años a raíz de la excepcional herencia intestada de 21 millones de euros de Elías Alfredo Martínez Santiago.

Este legado se terminará de liquidar ahora con el reparto de 979.547 euros obtenidos de unas acciones que se habían quedado pendientes de vender hasta hace un tiempo, ha precisado el Gobierno de Aragón. El resto se destinó en su día a la construcción de sendas residencias por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) una en el barrio de Torrero de Zaragoza y en Utebo.

El resto de recursos que se repartirán el 20 de julio corresponden a otras herencias intestadas de Concepción Peláez, de Jaca; Vicente Vizcarra y Jesús Mallol, de Huesca; Encarnación de los Ríos, Ángela Guillén y Emilia Zatorre, de Zaragoza, y Vicenta Sama, de Chimillas, (Huesca), como se recoge en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) de este lunes.

El anuncio oficial del Departamento de Hacienda y Administración Pública especifica que los establecimientos de asistencia social que reúnan los requisitos establecidos para ser destinatarios de las herencias podrán formular ante la Junta en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación en el BOA, "las alegaciones y peticiones que estimen pertinentes, concretadas en proyectos de inversión, intervención o desarrollo social debidamente presupuestados".

5,4 MILLONES REPARTIDOS

La Junta Distibuidora de Herencias ha repartido hasta ahora entre distintas entidades u objetivos sociales 5,4 millones de euros procedentes de más de 300 sucesiones intestadas. Las reuniones de la Junta no tienen periodicidad establecida, pues los repartos se hacen cuando se dispone de una cantidad relevante para cubrir mínimamente las expectativas de los solicitantes.

Hasta ahora, se ha reunido en diez ocasiones para repartir fondos hereditarios; la primera el 25 de julio de 2001 y la última el 15 de abril de 2015. En la Junta del año pasado, se repartieron 1.032.408 euros, cifra que se superará este año en más de 40.000 euros.

La aprobación en julio del año pasado de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que modificó la de Patrimonio de las Administraciones Públicas, facilitó la repudia por parte del Gobierno de Aragón de aquellas herencias intestadas cuyas deudas y gastos de tramitación superan el valor de los activos legados, al pasar de los juzgados directamente a la Administración autonómica la competencia de la declaración de la condición de heredero abintestato.

A partir de esta declaración, en el Servicio de Patrimonio del Departamento de Hacienda y Administración Pública se inicia el procedimiento para su gestión y liquidación: inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes inmuebles si los hubiere, cancelación de cuentas y depósitos bancarios e ingreso en las cuentas del Gobierno de Aragón, entre otras actuaciones.

Los gastos que generan estos u otros trámites se satisfacen con cargo al propio caudal hereditario y, en aquellos casos en que no existen fondos o son insuficientes, se acude a un fondo general creado con el 3 por ciento de los ingresos en metálico que se obtienen de todas las herencias líquidas. De esta forma, se evita que las herencias intestadas acarreen carga alguna para los Presupuestos del Gobierno de Aragón.

Los beneficiaros de estas herencias han de estar inscritos en el Registro de entidades, servicios y establecimientos de acción social del Gobierno de Aragón. En el plazo de un año desde que reciben el ingreso tienen que justificar su aplicación, pudiéndose reclamar la devolución del dinero en caso de incumplimiento, aunque este supuesto no se ha producido nunca, han apuntado desde el Ejecutivo autonómico.