Según ha informado el Instituto Armado, el administrador de un establecimiento presentó una denuncia a partir de la que se comprobó que desde hace aproximadamente cuatro meses una de las empleadas supuestamente se había apropiado de unos 3.000 euros.

Al parecer, cuando un cliente realizaba un pedido, la empleada lo servía y lo cobraba, tras lo que modificaba en la caja registradora el pedido por otro de menor importe, para quedarse ella con la diferencia. Para ello, la mujer hacía uso de una clave, que sólo estaba a disposición de los encargados, el administrador, y el empleado más veterano.

Como consecuencia de estos hechos, la mujer fue citada en calidad de investigada por sendos delitos de hurto y falsificación documental, motivo por el que se le instruyeron diligencias judiciales, que fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Cangas en funciones de guardia.