El que fue director xeral de Conservación da Natureza de la Xunta en el año 2011, Ricardo García-Borregón Millán, ha asegurado este lunes que el informe ambiental relativo al dragado de la ría de Ferrol fue "hecho en la fecha que corresponde" y "no a posteriori".

Lo ha dicho ante los periodistas este exalto cargo de la Xunta, tras comparecer ante el juzgado de instrucción número tres de Santiago, que lo investiga -junto con otros tres exdirigentes autonómicos- por los supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En concreto, indaga si autorizó el dragado del canal de la ría de Ferrol con el objetivo de facilitar la entrada y salida de buques gaseros hacia la planta de Reganosa con un informe realizado posteriormente para rebatir otro previo que alertaba sobre los daños ambientales que provocaría esta intervención en un área protegida.

Al respecto, García-Borregón ha mantenido que ese informe se hizo "dentro del procedimiento ambiental" y "con arreglo a la tramitación", es decir, en el momento reglamentario. Por tanto, ha negado que exista "absolutamente nada en relación a eso" de que se redactó pasado el tiempo.

De hecho, ha recalcado que el documento que alerta sobre los daños al medio ambiente no dependía de su departamento, sino de "los propios técnicos y funcionarios del tema". "Y se aclaró ese informe primitivo con un informe definitivo", ha respondido así para rebatir la denuncia de ocultación del primer texto.

"DECIR LA VERDAD"

Dicho esto, el también exconcejal del PP en Santiago ha aseverado que "sin lugar a dudas" se cumplieron todos los protocolos para llevar a cabo el dragado de la ría ferrolana. "Tiene la declaración de impacto ambiental por parte del ministerio", se ha reafirmado.

Por tanto, tras indicar que respondió a todas las preguntas de su abogado y de la Fiscalía, ya que la acusación particular, que ejerce la asociación ecologista Adega, no intervino, García-Borregón ha subrayado que su declaración consistió en "decir la verdad" para "dejar claro" cómo fue el procedimiento.

VISIÓN DE ADEGA

Frente a ello, el secretario general de Adega, Fins Eirexas, ha considerado "irrebatible" que el informe por el que se autorizó el dragado fue realizado "años después" con el fin de justificar aquella actuación.

Ese documento, "cocinado a medida" para ocultar que se había obviado el que advertía de los daños que se causarían, como ha enfatizado, es la base de la imputación del delito de falsedad documental. A partir de ahí, como ha recalcado el ecologista, viene el de prevaricación, pues "se tomó una decisión fraudulenta a sabiendas" y sin importar que derivase en daño ambiental.