México elegirá el domingo a las autoridades de 14 estados en medio de una serie de escándalos por los excesos de algunos gobernadores, lo que podría llevar al gobernante Partido de la Revolución Institucional (PRI) del presidente Enrique Peña Nieto, a perder influencia en bastiones clave.

Las elecciones para elegir a los 60 diputados que se encargarán de redactar la primera constitución de la Ciudad de México registró una participación ciudadana muy escasa, de apenas el 28 %, según reflejan datos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE).

Con el 17 % escrutado, el izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) , hoy el partido del opositor y excandidato presidencial Andrés Manuel López-Obrador, obtendría 102.225 votos y aventajaría al gobernante en la capital Partido de la Revolución Democrática (PRD), también de izquierdas.

Ambas fuerzas se colocarían muy por delante del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la Ciudad de México, 7,4 millones de electores podían este domingo votar por los 60 representantes de su primera Asamblea Constituyente, que se completará con los 40 elegidos directamente por el Gobierno capitalino, el Congreso federal y el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

El pasado enero se promulgó una reforma política que estableció que la Ciudad de México se convertía en el estado número 32 del país, merced a un cambió en la Constitución que da a la capital mayor autonomía para configurarse política y administrativamente.

Se espera que la Carta Magna que elaborará el órgano que este domingo se votó entre en vigor en septiembre de 2018.

El caso más grave es el de Veracruz, crucial por su peso electoral y económico, donde el gobernador priísta, Javier Duarte, está acusado de desviar fondos públicos, de llevar al estado a una situación financiera crítica y de no contener el crecimiento del crimen organizado que ha asesinado o desaparecido a cientos de personas.  Activistas lo acusan de haber ordenado el asesinato de periodistas.

Durante su gestión, que inició en el 2010, 16 periodistas fueron asesinados en casos que en su mayoría aún no fueron esclarecidos, y la deuda estatal consolidada se disparó un 89 por ciento a 5.581 millones de dólares al cierre del 2015, según datos de la estatal Universidad Veracruzana.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Congreso ha denunciado que desconoce el destino de 35.000 millones de pesos en fondos federales enviados a Veracruz, mientras que la oficina recaudadora de impuestos investiga la creación de 24 empresas fantasma supuestamente establecidas por el gobierno de Duarte para desviar partidas destinadas a combatir la pobreza.

Una encuesta del periódico 'Reforma' mostró esta semana un empate técnico entre el candidato oficialista a gobernador y los dos principales opositores, una señal de que el PRI podría perder este estado por primera vez en la historia.

El descontento con los gobernadores, que adquirieron mayor poder y autonomía desde que en el 2000 el PRI perdió su hegemonía, se siente en cada esquina de Xalapa, la capital de Veracruz, el tercer estado más poblado del país con más de ocho millones de habitantes.

En los últimos meses, ancianos fueron reprimidos por la policía cuando reclamaban el pago de pensiones; la universidad estatal tuvo que cerrar cursos porque el gobierno local le debe millones de pesos y padres de escolares protestaron por la falta del pago de partidas federales para alimentación de los niños.

"Es insostenible la situación que estamos viviendo como ciudadanos de Veracruz", ha afirmado Ydalia Arenal, de 38 años, quien lideró el lunes una manifestación de padres en reclamo de que el gobierno estatal entregara el dinero adeudado por cuatro meses a una escuela que alimenta a 280 niños.

"Quisiéramos saber dónde está todo el dinero que ha desaparecido", ha reclamado.

Según algunas encuestas y analistas, el PRI tiene asegurados triunfos sólo en cuatro de los 14 estados en disputa, en donde unos 37 millones de electores están habilitados para votar para elegir 1.819 cargos.

Las elecciones estatales funcionan como un termómetro del electorado, pero no necesariamente sus tendencias se reflejarán en los comicios presidenciales del 2018.

El oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobierna 19 de los 32 estados, el conservador Partido Acción Nacional (PAN) cuatro y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) también cuatro.

Otros tres estados son gobernados por un alianza entre el PAN y el PRD, uno por el Partido Verde y uno tiene un gobernador independiente.

El PRI, acusado de autoritarismo y de fraudes electorales a lo largo de su historia, presidió al país por 71 años seguidos y gobernó en la mayoría de estados con el presidente como un caudillo fuerte que mantenía a raya a los gobernadores.

Pero desde el 2000, cuando perdió el poder a manos del PAN, los gobernadores adquirieron más control sobre legisladores, contralores, el poder judicial y medios de prensa locales. Las acusaciones de abuso de poder se hicieron moneda corriente.

"Con la alternancia, el poder se descentraliza y los gobernadores se volvieron como virreyes", ha explicado Hilario Barcelata, investigador de la Universidad Veracruzana.

Morena, un partido nuevo fundado por el líder izquierdista y ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, es una de las tres fuerzas con posibilidades de triunfar en Veracruz. De lograrlo, le daría al dirigente una plataforma hacia los comicios presidenciales, a los que se presentará nuevamente tras arañar el triunfo en el 2006.

En Tamaulipas, un estado al norte de Veracruz y fronterizo con Estados Unidos, el candidato del opositor PAN marcha a la cabeza de varias encuestas.

Desde hace años, Tamaulipas está bajo control de grupos del narcotráfico y varios de sus ex gobernadores han sido acusados de ser cómplices. Uno de ellos incluso fue acusado por la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero pero no ha sido perseguido por las autoridades mexicanas.

Barcelata dijo que muchos de estos gobernadores aportan ingentes fondos a las campañas de las elecciones federales para asegurarse que el futuro presidente no los toque.

Son muchas las acusaciones de abuso de autoridad, despilfarro y enriquecimiento que pesan sobre mandatarios estatales, pero las últimas administraciones no han tomado acciones reales para controlarlos.

"Siento yo que hacen convenios con el crimen organizado (los gobiernos estatales) y cuando llegó el presidente y quisieron aplacar esta situación fue imposible. En este momento está fuera de control el estado", ha afirmado a Reuters Bernardo Benítez, padre de uno de cuatro jóvenes asesinados en enero por sicarios y policías después de haberlos detenido en una carretera.

El caso de estos chicos, cuyos cuerpos aparecieron semanas después triturados y calcinados, desató un escándalo porque recordó a lo sucedido con 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 en el estado de Guerrero, un crimen que llevó al Gobierno federal a tomar cartas en el asunto.

Por este sonado caso en Veracruz, ocho policías fueron encarcelados. Pero el gobernador Duarte mantuvo en su cargo al secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez.

Durante la campaña, el PRI trató de desmarcarse de Duarte e incluso el candidato del partido, Héctor Yunes, dijo que quienes han dañado financieramente al estado tendrán que responder ante la justicia.