Así lo ha manifestado a raíz de que el sindicato Comisiones Obreras haya anunciado el inicio de acciones penales contra los responsables individuales del recorte del 20% de la jornada y el salario del sector del personal laboral de la Comunidad Autónoma llevado a cabo en 2013 y que el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional.

A través de un comunicado, Aarón Afonso ha explicado que desde el principio el Ejecutivo autonómico "reconoció que la medida no le gustaba, pero entonces consideró que la alternativa, que era destruir empleo, era peor, y optó por aplicarla, como hizo en efecto, de forma coyuntural durante el menor tiempo posible, pues solo estuvo vigente de enero a abril de 2013".

El consejero ha querido recordar que desde mayo de ese año, los empleados volvieron a sus horarios y a sus retribuciones ordinarias y, en consecuencia, las retribuciones se abonaron en proporción a la jornada realizada.

Ha aclarado una vez más que la medida no implicó una reducción de las retribuciones de los empleados públicos, sino de la jornada laboral en un 20% con carácter general y de un 10% a los empleados públicos con una jornada semanal inferior a las 25 horas. Y añadió, además, que la mayoría de los empleados objeto de la misma llegaron a un acuerdo con la Administración.

Por otro lado, Afonso ha precisado que la sentencia reciente del Tribunal Constitucional (TC) sobre este asunto se refiere sólo a los laborales, no a los funcionarios interinos, y que la misma es consecuencia de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en relación al conflicto colectivo que presentó el Gobierno en 2013.

"Por tanto, cuando el TSJC reciba la sentencia del TC deberá resolver el conflicto colectivo y la resolución del mismo será la que deba cumplir el Gobierno de Canarias", aclara.

Por otra parte, ha insistido en que el Ejecutivo canario adoptó esa medida "siendo consciente de que es una directiva europea la que abre la puerta a un trato diferenciado de los empleados cuando hay razones objetivas que así lo justifiquen".

De esta manera, ha remarcado que el Ejecutivo "actuó desde el convencimiento de que el mantenimiento del empleo público, así como la contención del gasto que impuso ese año el Estado a la Comunidad Autónoma, eran razones objetivas suficientes para acordarla", al tiempo que reiteró el respeto del Gobierno canario a los pronunciamientos judiciales, que queda así a la espera de la sentencia del TSJC sobre el fondo de este asunto.