El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha afirmado este viernes no entender "que todo el esfuerzo que se realiza desde las diputaciones, y lo que estas suponen para los municipios, quede reducido a una oportunidad de suprimirlas para ahorrar recursos económicos en tiempos de crisis, con una propuesta que parece, cuanto menos, poco meditada, y más aún cuando se tiende a dar cifras que están muy lejanas de la realidad o se opta por sesgar los datos para justificarlo".

Así lo ha señalado Ruiz en la capital cordobesa, en el marco de los desayunos informativos organizados por Europa Press y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, y ante un auditorio integrado en buena medida por alcaldes de la provincia cordobesa y también por el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.

En este escenario ha indicado que Córdoba, al igual que el resto de provincias, precisa de "un gobierno provincial", que "defienda los intereses comunes de su territorio y que establezca líneas de cooperación en favor de los gobiernos locales, y todo ello en defensa de esa autonomía local que establece nuestra Constitución".

También es necesario un gobierno provincial para gestionar "servicios comunes a todos esos municipios, con el objetivo de asegurar su prestación, mejorar su calidad y reducir sus costes", siendo ésta "la naturaleza de las diputaciones provinciales".

En este sentido, el presidente de la Diputación ha indicado que hay que "partir de la base de la realidad demográfica de España, donde existen más de 8.100 municipios, de los cuales el 95% tienen menos de 20.000 habitantes y, si hablamos de Córdoba, son 68 de sus 75 municipios los que se encuentran en ese rango".

Así, "si eliminamos las diputaciones, ¿quién prestará servicios básicos como el suministro de agua potable, la recogida de basuras, la extinción de incendios o la recaudación tributaria, entre otros, a esos municipios?", contestándose el propio Ruiz que, en tal situación, "estos servicios, sin duda alguna, verían incrementados sus costes de explotación, al llevarse a cabo de manera individual, y eso sin hacer mención a aquellos ayuntamientos que por su infraestructura, tamaño, dispersión o recursos harían inviables esos servicios básicos".

DEFICIT Y PERSONAL EVENTUAL

En opinión de Ruiz, "nadie puede poner en duda que los servicios prestados desde las diputaciones son más eficaces y ahorran en su gestión" y, por eso, todo el argumento de suprimir las diputaciones "se viene a basar en imputarles un exceso de deuda pública o un gasto desmesurado del personal eventual, y nada más lejos de la realidad".

Este, según ha resaltado, "lo desmienten de forma radical las cifras: la deuda de las diputaciones al cierre del ejercicio 2015 representaba menos de un uno por ciento del PIB español, correspondiendo además más de la mitad de esa deuda a las diputaciones forales, las cuales, por cierto y curiosamente, no se ponen en duda".

En cualquier caso, según ha sentenciado el presidente de la Diputación, "se trata de una cifra ínfima si la comparamos con la deuda total del Estado, que supera ya el 100% del PIB", en contraste, según ha insistido, con el uno por ciento que suman todas las diputaciones.

También se alude, por quienes quieren suprimir las diputaciones, al gasto en personal eventual. Pues bien, tomando como referencia la propia Diputación de Córdoba", tal justificación "cae por su propio peso al observar que en nuestro caso son únicamente 29 los trabajadores eventuales que prestan sus servicios en la Diputación, lo que representa el 1,6% de los 1.786 trabajadores de la institución provincial".

Ruiz ha señalado que, en cambio, "si vemos a organismos como el Senado, nos encontramos que cuenta con 47 trabajadores eventuales de un total de 369 trabajadores, lo que supone cerca de un 13%, o los 240 eventuales del Ministerio de Presidencia, que representan un diez por ciento de trabajadores eventuales frente a los 2.794 totales".

LA EXPERIENCIA EUROPEA

En cuanto a lo que se está haciendo en el resto de Europa, Ruiz ha indicado que "la existencia de una administración local intermedia es la tónica general", pues, "Alemania, por ejemplo, con 12.302 municipios, sigue manteniendo sus 313 condados o Kreise, como segundo nivel de administración local".

Bélgica, con 10,7 millones de habitantes, dispone de diez provincias con gobiernos intermedios, y "Dinamarca, Suecia, Francia, Holanda, Irlanda o Reino Unido, son algunos de los muchos ejemplos en Europa que tienen una estructura con gobiernos muy similares a nuestra diputaciones".

En esta línea, según ha explicado Ruiz, "podemos analizar el caso de Italia como país que se ha desmarcado del resto de Europa en este aspecto, habiendo tomado la decisión de eliminar las provincias con el mismo argumento del ahorro inmediato de 600 millones de euros", pero lo que ha supuesto en realidad, según su tribunal de cuentas, es que "se han disparado los costes de la prestación de servicios al ser asumidos por otras administraciones y, por tanto, ha aumentado el gasto público", es decir, "lo contrario de lo que se indicó en un principio".

El informe del Tribunal de Cuentas de Italia de finales de 2015, según ha detallado Ruiz, "manifiesta que la supresión de las diputaciones italianas, un año después de producirse, lejos de conllevar un ahorro para el ciudadano, ha supuesto más gasto", con lo que la reforma llevada a cabo, según dicho informe, "no ha contribuido en absoluto a reducir el déficit público tal y como se prometió" y sí que ha comportado "un grave deterioro de los servicios públicos".

Además, se ha producido un aumento "enorme en el número de cargos públicos", concluyendo el informe "que hace falta un rescate de esas administraciones para volver a la normalidad, un rescate cuyo coste para las arcas públicas cifra, precisamente, en 600 millones de euros".

NUEVO IMPULSO

Antonio Ruiz ha concluido que todo esto no significa que las diputaciones "no precisen de una reflexión y nuevo impulso para poner en práctica procesos de modernización ambiciosos que reformulen su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios, y siempre con criterios de máxima transparencia, racionalidad y democracia".

Desde algunas diputaciones, según ha aclarado Ruiz, "estamos avanzando muy notablemente en este sentido y los resultados se están viendo, y en eso deberíamos incidir de forma global, más que en plantear nuevas formas de gobierno intermedio que hasta ahora solo ofrecen incertidumbre".