La sanción se le impuso porque no matriculó el buque en los 30 días siguientes al inicio de su utilización. Además, el yate tiene 36,6 metros de eslora y figuraba como "de recreo", por lo que se prohíbe cualquier tipo de uso como "alquiler o charter".

No obstante, el TEAC acreditó que los contratos del seguro del año 2007 y de los años entre 2009 y 2012 se refieren a "destino de alquiler", mientras que el de 2008 se determina como "destino recreo".

Asimismo, comprobó que el buque abonaba desde 2006 en el puerto de registro, Barcelona, la tarifa 7 'Embarcaciones de recreo' y que realizó varios viajes por el Mediterráneo donde "todos los trayectos realizados coinciden con zonas turísticas". El tribunal pone en duda que se contratara a una camarera en 2008 para atender a "un capitán y dos marineros" y que "en la contabilidad no hay vestigio alguno de que el buque fuese a destinarse a arrendamiento y que estuviese realizando navegaciones de prueba".

Añade que la existencia de reparaciones en el buque "no significa que la navegación fuese de prueba pues es obvio que un barco utilizado para fines de recreo puede sufrir averías" y que "la matriculación final en el Registro Especial de Canarias, ocurrida con posterioridad, sólo acredita que el buque tiene tamaño suficiente para poder sostener que va a ser destinado a 'crucero' con fines comerciales, lo cual es posible pero no invalida los

efectos del uso previamente realizado".

Por todo ello, fue condenado al pago del impuesto especial y de una sanción. Contra esa sentencia, Enrique Ortiz interpuso un recurso en el que reclamaba que la sentencia realizaba una interpretación del hecho y de la sujeción al impuesto "absolutamente contraria al ordenamiento".

En ese sentido, argumentaba que la matriculación en Canarias era "el punto de partida que debe llevar a la anulación" de la liquidación y a la "improcedencia" por la utilización de la embarcación. En Canarias no existe el impuesto especial.

Frente a ello, el TS hace suya la argumentación del TEAC que reflejó que en el contrato de seguro de 26 de julio de 2008 a 26 de julio de 2009 se indicaba que la finalidad "era de recreo y que se prohíbe expresamente cualquier actividad de alquiler o charter"; hacía referencia también además al abono de tasas por la tarifa 7 (embarcaciones de recreo); a la constancia de que en el puerto de Mahón el buque transportaba a cuatro tripulantes y a sus invitados, y a la incorporación de una camarera en 2008.

Esto lo unía a la realización de "largos recorridos por zonas turísticas", unos antecedentes que son "suficientes para avalar la calificación y el destino en el ejercicio cuestionado, con anterioridad a su matriculación en el Registro Especial de Buques".

Repasa los puertos por donde ha pasado buque y determina que son: Alicante, Palma de Mallorca, Maó, Ibiza, Formentera, Almería, Gibraltar, Dénia y Sevilla.

Sobre la sanción impuesta, el TS dice que comparte la argumentación del TEAC, que determinó que se trataba de "eludir el impuesto mediante la matriculación ex post facto en Canarias, presentando como buque de crucero un buque que permanentemente figura en todos los documentos de toda índole obrantes en el expediente como yate de recreo" y consideró que, por tanto, existía "una conducta consciente y deliberada".

"En definitiva, navegó constantemente sin estar matriculada en ningún registro de embarcaciones y, en consecuencia, sin liquidar el correspondiente impuesto", recalca. Por todo ello, se desestima el recurso de Enrique Ortiz y se confirma el pago del impuesto 1,2 millones y una sanción de 860.000 euros.