El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha admitido este jueves que los debates electorales "siempre son buenos" en Democracia si bien ha añadido que lo importante es saber ponerse de acuerdo para evitar lo que ha definido como "el debate sobre el debate", como ocurre, a su juicio, en la actualidad.

"Hay más debates sobre el debate que debates", ha ironizado el consejero de la Presidencia, quien, tras afear que algunos profundicen más en las formas que en el fondo, ha hecho un llamamiento a dejar de debatir sobre el debate, en referencia a las discrepancias de algunos partidos sobre que finalmente se vaya a celebrar un debate a cuatro para las elecciones generales del 26 de junio.

En este sentido, ha recordado que en la anterior campaña, cuando hubo un sólo un cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez sin presencia del candidato del PP en las fórmulas a cuatro, se pedían esos debates con los cuatro principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno cuando sólo dos de ellos tenían representación parlamentaria para añadir que ahora que se ha programado ese debate a cuatro se piden otras fórmulas.

De Santiago-Juárez ha hecho estas reflexiones a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León por el que se fijará por ley la celebración de, al menos, dos debates públicos durante las campañas electorales a los que se someterán los candidatos a la presidencia de la Junta de las formaciones políticas que tengan grupo propio en las Cortes.

Preguntado sobre si esta regulación por ley de los debates electorales es un reconocimiento del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a la conveniencia de debatir -Herrera no ha debatido nunca en sus sucesivas campañas electorales-, el consejero ha reconocido que lo "ideal" en política es adelantarse a los cambios que pide la sociedad para añadir que, si no se consigue adelantarse a esos cambios, por lo menos hay que adaptarse, como hará la Junta con esta Ley, que será registrada en las Cortes este mismo jueves y podría estar aprobada en el mes de octubre.

"No hay que mirar para otro lado", ha defendido el consejero de la Presidencia, quien ha insistido a este respecto en que "la sociedad evoluciona" y hay que saber adaptarse al "ruido social". "Lo importante es que en un momento dado se ha tomado una decisión", ha sentenciado al respecto.

La regulación por ley de la celebración de, al menos, dos debates públicos durante las campañas electorales es una de las principales novedades del "novedoso" Proyecto de Ley por el que se Regula el Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León con el que la Junta pretende poner "negro sobre blanco" y "lo antes posible" a los acuerdos suscritos con los grupos, principalmente con Ciudadanos con el que ha suscrito el Pacto por la Gobernabilidad de la Comunidad.

Entre las novedades de este "valiente y novedoso" Proyecto de Ley destaca la modificación de la Ley Electoral de Castilla y León que regulará la celebración de debates electorales. Para ello, una comisión de profesionales del periodismo en Castilla y León se encargará de fijar las condiciones para la celebración de estos debates con el objetivo de garantizar el respeto a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad de acuerdo con las instrucciones que establezca la Junta Electoral competente.

Según consta en este Proyecto de Ley -el anteproyecto fue presentado el pasado 31 de marzo- la composición y funcionamiento de esta Comisión se regulará por orden de la consejería competente en materia de procesos electorales.

Por otro lado, con la aprobación de la nueva norma ser procurador en las Cortes de Castilla y León será incompatible con la condición de parlamentario del Parlamento Europeo, con la de presidente de Diputación provincial y con la de alcalde o concejal de municipios con una población superior a la de 20.000 habitantes, casos en los que se encuentran ahora los alcaldes de Salamanca y de León, Alfonso Fernández Mañueco y Antonio Silván, respectivamente, si bien la norma no es retroactiva.