Urquijo destaca que "las consultas por la independencia carecen de respaldo legal" y los Ayuntamientos "no pueden colaborar en la realización de una consulta popular sin permiso y ajena a los intereses municipales".

En este sentido, les advierte de que "es obligación de los alcaldes de los municipios afectados velar porque ningún recurso público,

material o humano, se involucre en el desarrollo de las actividades previstas para esa jornada".

"Un partido político puede promover la independencia, pero la Administración Pública debe servir con neutralidad y objetividad a los interés generales, como así lo establece nuestra Constitución", afirma.

SIN PARTICIPACIÓN

En sendos oficios, el delegado del Gobierno les recuerda "su obligación de abstenerse en el desarrollo de dicha consulta, dado que su participación institucional requiere, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, la preceptiva autorización previa del Gobierno de la nación y que la materia consultada se circunscriba a asuntos de ámbito municipal".

Para Carlos Urquijo, resulta "evidente que la independencia puede ser promovida por los partidos políticos que lo deseen, pero las instituciones tienen la obligación de mantener la objetividad y la neutralidad en su actuación", como prevé el artículo 103 de la Constitución.