La Dirección General de Universidades de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía ha resuelto rechazar las alegaciones de la Universidad de Sevilla (US) y reafirmarse en su declaración de pérdida de derecho a cobro y subsiguiente petición de reintegro de la subvención de 16,4 millones de euros concedida para el proyecto de la construcción de su biblioteca central en los jardines del Prado de San Sebastián, demolida a cuenta de las sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), avaladas por el Tribunal Supremo, que anularon las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la capital andaluza relativas a este punto.

Fuentes de la Hispalense han confirmado a Europa Press que el documento de resolución se encuentra en manos de los servicios jurídicos y que éstos estudian los pasos a seguir, sin descartarse, en última instancia, llevar el caso a la jurisdicción judicial contencioso-administrativa, ello después de rechazarse unas aportaciones por parte de la sede académica que partían de la premisa de que se trataba de un proyecto compartido entre la Universidad, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.

La institución, en un comunicado, ha mostrado su desacuerdo ante el trabajo técnico realizado por la Consejería sobre las alegaciones presentadas, "que rebatían extensa y claramente, conforme a derecho, la totalidad de las declaraciones en las que se fundamentaba el expediente de reintegro de la subvención".

La US asegura tener la "plena convicción" de haber actuado "correcta y legalmente" en la totalidad de las acciones desarrolladas con la mencionada subvención y confía "absolutamente" en que en este caso recibirá una respuesta final "satisfactoria, ajustada a la legalidad, honradez y el rigor de nuestra centenaria institución".

En junio de 2014, el Consejo de Gobierno de la Hispalense abordaba las cuentas del ejercicio 2013, dando cuenta de que los costes ejecutados en la ubicación inicial de la biblioteca general en el Prado de San Sebastián, según el proyecto de la arquitecta Zaha Hadid, se elevaban a 7.730.485 euros a fecha de 31 de diciembre de 2013, toda vez que el coste total del derribo de la construcción merced a las sentencias judiciales y la reposición del parque a su estado previo al proyecto ascendería a 9.257.000 euros.

Y es que no fue hasta abril de 2014 cuando la universidad dio por concluidos los trabajos de derribo y restitución del parque público.

CAMBIO DE UBICACIÓN

En paralelo, en el ejercicio 2013 la inversión realizada en la nueva ubicación de la biblioteca general de la US en la avenida de Eritaña -ya terminada y a falta de culminar su equipamiento- fue de 2.615.047 euros, contando con un presupuesto final de 6.392.000 euros, según las previsiones de la institución académica.

De los 9,2 millones de euros de la actuación en el Prado, aproximadamente el 25 por ciento correspondía a los trabajos previos al inicio de las obras, como la organización del concurso internacional y el proyecto arquitectónico. Al respecto, la Junta había concedido a la US para la construcción de su biblioteca una subvención de 21.903.405 euros, si bien la cuantía ingresada fue de 16.435.910. El coste total estimado de los trabajos en los emplazamientos del Prado y de Eritaña se estimaba en total en unos 15.649.000 euros, una cifra inferior a la subvención transferida por la administración autonómica.

EL CONFLICTO DE LA BIBLIOTECA DEL PRADO

El avance del PGOU aprobado en 2006 recogía el edificio de la nueva biblioteca central proyectada por la Universidad de Sevilla "en el ángulo noroeste" de estos jardines. No obstante, la aprobación inicial del nuevo planeamiento urbano la parcela destinada a este proyecto de la Hispalense se localizó en la parte oriental del parque con 3.915 metros cuadrados declarados como "equipamiento educativo", extremo que se mantuvo en la aprobación definitiva del PGOU el 19 de julio de 2006

Pero tal extremo fue impugnado por los vecinos de la calle Diego de Riaño, al entender que la sustitución del Plan Especial de 1994 por las nuevas determinaciones del PGOU de 2006 para estos suelos constituía "una decisión incoherente, irracional, arbitraria y carente de motivación". Los tribunales, finalmente, dieron la razón a los recurrentes, zanjando que el nuevo uso asignado a este sector de los jardines del Prado de San Sebastián era "radicalmente contraria a las exigencias de protección del medio ambiente recogidas en la Constitución Española" e implicaba la "improcedente reducción de un espacio verde plenamente consolidado", al tiempo que "vulnera claramente las exigencias de protección inherentes a la pertenencia del Prado de San Sebastián al Conjunto Histórico de Sevilla".