La primera de ellas se refiere a la realización de auditorías y periciales en todas las promociones para comprobar que no haya existido fraude en las ejecuciones de obra. La segunda promueve la supresión del carácter privado y del ánimo de lucro de las futuras promociones de la SVS y la revisión de este aspecto y del tipo de IVA cobrado en todas las viviendas construidas hasta ahora. Y la tercera está relacionada con aplicación de la bonificación del 50% del IBI para las viviendas protegidas de General Dávila, contemplado en la ordenanza del impuesto y que "no se está cumpliendo".

Recientemente, el entonces todavía consejero de la SVS, Roberto Mazorra, y que pertenece igualmente a Santander Sí Puede, denunció un presunto "trato de favor" e "irregularidades" en varias promociones de viviendas protegidas de la empresa pública del Ayuntamiento.

En este sentido, también Mantecón apunta a la existencia de un "posible fraude" con el "abaratamiento" de costes en la ejecución de las obras, que contrasta con la memoria de calidades y las certificaciones de los presupuestos de cada promoción. A su juicio, este hecho "explicaría en parte los numerosos y costosos desperfectos", que según dice, habría en "al menos, la mitad de las promociones ejecutadas por la SVS", de las doce realizadas.

Por eso, en una moción promueve la realización de auditorías externas e informes periciales de todas las promociones realizadas hasta la fecha, cuya labor sería controlada por todos los grupos municipales, incluyendo a colectivos sociales interesados y a las propias plataformas de afectados que se vayan creando. En el texto también piden la reparación "inmediata" de los "graves desperfectos detectados".

Por otro lado, el concejal no adscrito promueve un "cambio profundo" en la gestión y calificación de las promociones de viviendas protegidas impulsadas por la SVS. En concreto, que todas las promociones que se lleven a cabo a partir de ahora tengan "carácter público y sin ánimo de lucro", solicitando el preceptivo informe jurídico. E igualmente, se promueve en el mismo escrito que se revisen todas las promociones realizadas hasta el momento y "medir los efectos de dicha especificación" en la calificación de las viviendas protegidas.

Y la última moción obedece a "la mala gestión" de la SVS y de sus principales responsables, el alcalde, Iñigo de la Serna y el concejal del ramo, César Díaz. Sobre la misma, y tras apuntar que la ordenanza sobre el IBI del Ayuntamiento establece en su artículo 6.4 que gozarán de una bonificación del 50% en la cuota de este impuesto

las viviendas de protección oficial durante un plazo de seis años, Mantecón indica que "en al menos una" de las promociones de viviendas protegidas, dicha bonificación "no se está haciendo efectiva en el momento de liquidar el impuesto". Concretamente, la de General Dávila entregada en 2015.