La polémica suscitada por la entrada en vigor, el 6 de diciembre de 2015, de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto de la limitación de plazos en la instrucción penal no cesa, tal y como se ha puesto de manifiesto en Valladolid en una jornada informativa donde la Fiscal Superior de Castilla y León y el fiscal de sala del Supremo, Lourdes Rodríguez Rey y Pedro Crespo, respectivamente, han coincidido en su enorme "complejidad" y distorsiones que plantea debido a su falta de acompasamiento con la realidad del proceso penal español.

Organizada por la Fiscalía Superior de la Comunidad, la jornada desarrollada en la sede del Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA), con participación de fiscales, abogados, jueces y responsables de las unidades de investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha sido aprovechada para la puesta en común de los problemas que plantea dicha reforma y que limita a seis o a dieciocho meses la fase de instrucción, prorrogables a instancias del Ministerio Fiscal, en el caso de los procedimientos "sencillos" y los "complejos", respectivamente.

El más contundente en el análisis ha sido el fiscal de sala del Tribunal Supremo Pedro Crespo Barquero, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, subraya la dificultad de encajar la reforma debido a que la misma "no se acompasa con la complejidad del sistema español", al tiempo que precisa que el problema de la eternización de los plazos en los procesos españoles no está en que no los haya para su tramitación sino que radica en la propia estructura de un proceso penal español "que sigue siendo inquisitivo y que es preciso revisar".

COMO UNA "OBRA CORAL"

"Se trata de una especie de obra coral en la que existe la posibilidad infinita de incidencias procesales, y eso que nos diferencia de todos los países desarrollados del mundo supone un lastre para la celeridad", ha lamentado Crespo, quien por ello lamenta que el Ministerio de Justicia haya impuesto la reforma "manu militari" en lugar de atajar esa cuestión de fondo.

En la misma línea, la Fiscal Superior de la Comunidad, Lourdes Rodríguez Rey, apunta que las modificaciones del legislador en busca de una agilización del proceso penal ha supuesto, sin embargo, la introducción de "cuñas que no son de la misma madera, lo que está provocando desajustes".

La fiscal ha lamentado que la reforma suponga recargar y dar aún mayor responsabilidad al colectivo de fiscales, ya de por sí "saturado de trabajo", pues su cometido es el de revisar las causas para determinar si son "sencillas" o "complejas" y, en su caso, solicitar o no la prórroga oportuna de la fase de instrucción.

"Además de la falta de medios materiales y personales, el problema es también estructural del propio modelo y de la falta de una reforma integral de la Administración de Justicia que no acaba de llegar", ha sentenciado.