Sin embargo, la Comunidad no aceptó esa oferta ni el reducir el alquiler por la instalación y continuó con dichos contratos de arrendamiento, que supondrá que en 18 años se tengan que abonar cerca de 600 millones de euros. También se ofreció como segunda opción el rebajar las condiciones del contrato, lo que se estima que podría haber supuesto un ahorro de 200 millones de euros.

Tal y como ha explicado el abogado, tampoco se redujo el alquiler de la desaladora por el déficit de la Comunidad "porque siempre hay que tomar una decisión en otra instancia que no es la desaladora y no es fácil de asumir", ha dicho en referencia a la necesidad de tener que firmar nuevos contratos, adquirir más compromisos y a la influencia que eso supone sobre el déficit público.

"Tengo la impresión de que esa decisión no se tomó en Murcia, sino en Madrid", ha contestado el Arnaldos a una de las preguntas de los diputados. Acto seguido ha aclarado que el tema del déficit ha de pasar primero por el Gobierno nacional "e incluso por Bruselas, es probable que la decisión de Murcia haya tenido que contar primero con autorizaciones".

Además ha explicado que en la época de crisis, los contratos se podrían modificar y renegociar a la baja o incluso vender las infraestructuras a precio de coste. Él tampoco cree que la Comunidad tenga posibilidades legales de "no pagar lo que queda" por la infraestructura.

Según advierte, dicha garantía "tuvo sentido en un momento en el que Desaladora no era propiedad de la Comunidad", sin embargo, una vez la entidad es parte de la Comunidad "la garantía adicional pierde sentido porque la deuda ya es propia". Añade que en estos momentos la opción de la Comunidad es asumir dicho pago, pero establecer las condiciones de cómo se van a realizar.

Por otro lado, ha expuesto que se destinó el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a pagar la deuda contraída con Tedagua y que él recomendó que al tiempo que se pagaba la deuda se archivara la denuncia, algo que no sucedió pues dicha empresa mantiene "que había más cosas por discutir a parte de las facturas como el pago de facturas futuras, intereses o costas".

No obstante, alerta de que el no haberse archivado la denuncia tiene una parte positiva y es que los defectos que hemos localizado en las facturas "como el pago de la toma de Enagás, el coste de la energía eléctrica se lo tengan que enseñar al juez, porque a lo mejor el juez determina que esas cantidades no se nos puedan repercutir".

En cuanto a los motivos por los que la policía registró su despacho de abogados, ha afirmado desconocerlos, aunque ha dejado claro en la comisión que todos los documentos que están allí están a disposición "del juzgado y de ustedes, no tengo nada que ocultar".

Durante su comparecencia ha incidido en que su labor en la desaladora consistía en gestionar el papeleo y ha negado que tuviera mayores responsabilidades, a pesar de que la sede social de desaladora de Escombreras estuviera ubicada en la misma dirección que su despacho profesional debido a una petición del primer gerente del Ente Público del Agua (EPA), Amalio Garrido. Asimismo, se le encargó la defensa en los pleitos que se adquirieron con las empresas Hydro Management y Tedagua, ambas del grupo ACS.

Finalmente, ha negado que la construcción de la desaladora fuera una "cuestión personal" de Valcárcel, ya que opina que al tratarse de una decisión tomada por el Ejecutivo "no hay cuestión personal".