La dirección General de Instituciones Penitenciarias y los servicios jurídicos de la Delegación del Gobierno han iniciado hoy los trámites para llevar a cabo la expropiación forzosa de las 48 parcelas de Santa Lucía en la que se ubicará la nueva cárcel de Pamplona.

Así lo anunció hoy el delegado del Gobierno, Vicente Ripa, quien indicó que se ha tomado esta decisión después de que las ofertas económicas de compraventa hayan resultado "infructuosas". Además, el centro penitenciario, con un coste de unos 90 millones de euros y 504 plazas, será sufragado en su totalidad por el Gobierno central.

Esto es, el Gobierno foral no tendrá que acometer la urbanización, ya que el Ejecutivo central ha decidido liberarlo de todos los compromisos financieros. Asimismo, la Administración del Estado no reclama "ningún derecho" sobre el "valioso" solar del barrio pamplonés de San Juan, donde se ubica el actual centro penitenciario.

Ripa señaló que la nueva cárcel estará terminada, según los plazos previstos, en 2010. Las obras comenzarán en 6 u 8 meses, señaló Ripa, quien precisó que las posibles alegaciones que se presenten por parte de los 60 propietarios de los terrenos "no serán óbice para que se inicie la construcción" del centro penitenciario.

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